Lima (AFP) – El presidente peruano Martín Vizcarra reiteró el martes que el cuestionado fiscal general, Pedro Gónzalo Chávarry, debe dejar el cargo por su vinculación a una presunta red de corrupción judicial, tras reclamar a la fiscalía probidad para liderar la lucha contra la corrupción.
“Eso no está ocurriendo con el fiscal Chávarry, hay cuestionamientos y por eso pedimos también el paso al costado”, dijo Vizcarra en declaraciones efectuadas en la centroandina ciudad de Huancayo.
El mandatario resaltó que «al interior del propio Ministerio Público, (el fiscal general) tiene serios cuestionamientos».
En más de una ocasión Vizcarra instó a Chávarry a renunciar a raíz del escándalo de los audios de jueces, que estalló en julio.
El fiscal general Chávarry replicó al presidente desde su cuenta en la red Twitter, donde vinculó el pedido de Vizcarra a supuestas denuncias en su contra.
«Ponderación Presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia», tuiteó Chávarry.
El fiscal está desde julio en el centro de una tormenta luego que le salpicó un escándalo de supuesta venta de sentencias y tráfico de influencias en el poder judicial.
Un amplio movimiento social y político exige su renuncia, pero la pertinaz resistencia de Chávarry a dejar su cargo desató una pugna interna dentro de la propia fiscalía y polarizó al país.
Vizcarra optó por no asistir el 20 de julio a la ceremonia en que Chávarry juró su nuevo puesto, para el que había sido elegido antes que estallara el escándalo.
La tensión se atizó desde que Vizcarra instó a Chávarry a dar un paso al costado a fines de julio, al lanzar su propuesta de referéndum sobre reformas judiciales y políticas como respuesta al escándalo.
Esto incentivó el apoyo a Chávarry de la oposición fujimorista que domina el Congreso, a cambio de impulsar investigaciones a sus rivales políticos, que habían sido relegadas por el anterior fiscal general.
En el Congreso, Chávarry enfrenta un proceso de destitución iniciado por el izquierdista Frente Amplio, que no prosperará si no cuenta con apoyo del partido que lidera la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Sólo el Congreso puede destituirlo del cargo, para el que fue elegido por tres años.
El fiscal alega que es víctima de «un linchamiento mediático» por emprender una lucha frontal contra la corrupción, al relanzar la cooperación con la fiscalía brasileña para obtener nuevas pruebas de los pagos de Odebrecht a políticos peruanos investigados, entre ellos cuatro expresidentes.
Una investigación de la fiscalía, con base a interceptaciones telefónicas ordenadas por un juez, menciona a Chávarry y al juez supremo César Hinostroza como miembros de una organización criminal llamada «Los cuellos blancos del puerto» del Callao.
