Ginebra (AFP) – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus principales ministros están vinculados con posibles «crímenes de lesa humanidad», afirmó este miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país.
«La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.
«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», agregó.
Otro miembro de la misión, el chileno Francisco Cox, declaró ante la prensa que el equipo encontró evidencias de que Maduro había informado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de a quién vigilar y detener.
«Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando» o en ocasiones «dando órdenes directas», afirmó. «Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado […] para sofocar a la oposición», sostuvo.
Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política, que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y jefe del parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios en mayo de 2018.
El informe «despeja cualquier duda: Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad», escribió Guaidó en Twitter.
Su delegado en Estados Unidos, Miguel Pizarro, dijo a la prensa que el informe muestra que esas violaciones son «práctica del Estado» para acallar a la disidencia.
«Violaciones flagrantes»
En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe en el que denunciaba «detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso» y casos de «tortura y desapariciones forzadas».
En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela investigó 223 casos, 48 de ellos en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas.
Además, estudió otros 2.891 casos para «corroborar los patrones de violaciones y crímenes», como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que «el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes» y a las restricciones de viaje por el covid-19, y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.
Si bien la misión reconoce la crisis, las tensiones y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, constató que «el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela».
Ejecuciones y torturas
La misión investigó «16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales», además de «2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad» entre 2015 y 2017.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que «era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos'».
«Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen», dijo Valiñas.
La misión investigó el accionar del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y documentó detenciones que en realidad eran «desapariciones forzadas de corta duración», que incluían «torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo».
Según Cox, los organismos de inteligencia también sometieron a opositores o disidentes «a violencia sexual», así «como palizas y descargas eléctricas en los genitales».
La misión instó a las autoridades venezolanas a realizar «investigaciones rápidas», «independientes» y «transparentes» sobre las violaciones y crímenes.
Valiñas dijo que instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) «deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales» contra los responsables identificados.
Desde finales de 2015, unos cinco millones de personas «abandonaron» Venezuela a raíz de la crisis política y económica, según la ONU.
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