México (AFP) – Pablo Cabañas cuenta que durante años sus músculos temblaban al escuchar chasquidos de llaves, un reflejo que provocaron las torturas que le infligieron ejército mexicano durante los siete años de cárcel que pasó en la década de 1970.
A casi medio siglo del martirio que sufrió sólo por ser hermano del emblemático guerrillero mexicano Lucio Cabañas, este hombre de 79 años aún espera justicia.
Hace poco una noticia lo aterrorizó nuevamente: el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a un general al frente del combate contra la criminalidad, pese a la férrea oposición de organizaciones de derechos humanos.
«Pienso en el Ejército y pienso en algo horrendo», dice Cabañas con los ojos muy abiertos al recordar las cárceles militares, en las que según él fue electrocutado, golpeado y asfixiado hasta casi morir durante los siete años que estuvo preso.
«Los militares están entrenados para acabar con el enemigo, no para respetar derechos humanos», sentencia.
Pablo asegura que más de un centenar de miembros de su familia sufrieron desapariciones forzadas, torturas, y fueron asesinados por el Ejército y otras fuerzas de seguridad en las décadas de 1970 y 1980, la mayoría de ellos ajenos a las acciones de la guerrilla Partido de los Pobres que lideraba Lucio, que operaba en el estado de Guerrero (sur).
El arribo del izquierdista López Obrador al poder en diciembre pasado, erigiéndose como el máximo defensor de los derechos y los procesos judiciales, revivió las esperanzas de justicia, pero por poco tiempo.
– Ausencia de progreso en DDHH –
López Obrador designó el mes pasado a Luis Rodríguez Bucio, un militar en proceso de retiro, para encabezar la Guardia Nacional, creada para combatir la violencia ligada al narcotráfico.
El nombramiento de Rodríguez Bucio, jefe de la Junta Interamericana de Defensa que asesora a la Organización de los Estados Americanos (OEA), causó polémica. Numerosas voces habían pedido un civil para disminuir el riesgo de violaciones de derechos humanos.
En una carta enviada al presidente por sus 100 primeros días de gobierno, Amnistía Internacional lamentó «la ausencia de progreso» en «áreas clave para los derechos humanos», como la mejora de las fuerzas policiales y la aceptación de la visita del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
Al mismo tiempo, el gobierno reconoció en febrero por primera vez los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad durante la «Guerra Sucia» de los años 1960, 70 y 80, que dejaron solo en el estado de Guerrero más de 1.500 personas asesinadas, desaparecidas y detenidas ilegalmente.
Guerrero, uno de los estados más pobres del país, fue la región donde se alzaron el mayor número de movimientos armados, y donde comenzó el conteo de víctimas de esos años. Hasta el momento no se sabe cuál es la cifra de víctimas a nivel nacional.
La «Guerra Sucia» fue protagonizada por el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lanzó una ofensiva contra opositores a su régimen, la mayoría guerrillas aglutinadas en el Partido de los Pobres.
Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ofreció una disculpa pública en febrero pasado en Atoyac de Álvarez, Guerrero.
«Cincuenta años después, distintas autoridades nos encontramos ante ustedes para ofrecerles una disculpa», dijo Rochín que reconoció «ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas» perpetradas durante la «Guerra Sucia», pero jamás habló de justicia ni se refirió directamente a la responsabilidad del Ejército.
– Persecución militar –
El 17 de enero de 1972, Pablo, un anciano moreno y corpulento, fue extraído por soldados del aula de primaria donde era profesor. Le exigían la ubicación de Lucio.
«Queremos acabar con toda la cría Cabañas porque tu parientito nos está haciendo mucho daño en la sierra», recuerda cabizbajo que le decía un militar mientras era transportado al Campo Militar No.1.
«Me traumaron mucho (…) me traumé tanto que oía yo sonido de llaves y mis carnes, los músculos empezaban a temblar por instinto», rememora Pablo desde su diminuta casa del oriente de la capital mexicana, quien dice que apenas tiene para vivir. Por necesidad, canta canciones sobre su hermano abatido en 1974.
La familia Cabañas exige una disculpa pública del presidente, reparación económica completa e inmediata, reconocimiento de Lucio como luchador social y enjuiciamiento del Ejército.
María Antonieta Morales, ahora de 45 años, es sobrina de Lucio, hija de Abelardo Morales, primo de Cabañas, otro de los líderes del Partido de los Pobres, y desaparecido en 1974. También fue torturada.
Cuenta que fue violada por militares de niña. Lo revela porque espera que así finalmente el gobierno repare los daños provocados en su salud. «¿Quién nos garantiza que el horror no vuelva si los militares dirigen la guerra contra las drogas?», dice entre lágrimas.
Para Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, si bien el ejército es necesario en la lucha antidrogas por ser el cuerpo de seguridad «menos infiltrado», también es el que «tiene el índice de letalidad más alto».
La participación militar en la lucha antidrogas en México, iniciada a finales de 2006, ha ido acompañada de una vertiginosa ola de violencia. Según cifras gubernamentales, desde entonces se han registrado más de 250.000 asesinatos.
Este combate militar ha operado sin marco legal, lo que desató duras críticas del mismo López Obrador, quien en campaña había prometido que los militares volverían a sus cuarteles
