Río de Janeiro (AFP) – Volkswagen y las familias de operarios torturados o asesinados durante la dictadura militar de Brasil llegaron a un inédito acuerdo que podría inspirar a otros grandes grupos industriales para pasar la sombría página de su cooperación con el aparato represivo de los «años de plomo».
La Ley de Amnistía de 1979 impidió juzgar en Brasil a los implicados en la persecución de opositores y personalidades sospechosos de «subversión» comunista durante las dos décadas de régimen militar (1964-1985).
Las llagas de aquella época siguen vivas. El presidente Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército, reivindica la herencia represiva y llegó a lamentar que el número de muertos se hubiese limitado a los 434 oficialmente reconocidos. «El error de la dictadura fue torturar y no matar», declaró en 2016, dos años antes de ser elegido.
En ese pesado marco, el anuncio de Volkswagen pareció el miércoles un raro momento de apaciguamiento de antiguos rencores y reclamos de justicia.
Según el acuerdo convalidado por fiscales regionales y federales, la multinacional automovilística alemana pagará 36 millones de reales (6,4 millones de dólares) en compensaciones, incluyendo 16,8 millones para los trabajadores que fueron objeto de represalias y sus familias. El dinero irá además a donaciones para varios proyectos, como la construcción de un memorial para víctimas del régimen militar.
«Lamentamos los atropellos contra los derechos humanos del pasado. Para Volkswagen, es importante asumir la responsabilidad de ese capítulo negativo en la historia de Brasil y promover la transparencia», explicó Hiltrud Werner, una ejecutiva de Volkswagen.
Los antiguos operarios y sus familias demandaron a Volkswagen hace cinco años y un informe independiente solicitado por la compañía en 2016 confirmó que sus agentes de seguridad habían cooperado con el régimen.
Según la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), un organismo oficial creado para investigar los crímenes de la dictadura, Volkswagen es apenas una de las 120 empresas implicadas en ellos. Otros nombres citados son Johnson & Johnson, Pfizer, Esso, Texaco o Pirelli.
«Volkswagen no fue la única que participó en la persecución de trabajadores en Brasil. Otras empresas tendrían que ser investigadas, tanto brasileñas como multinacionales», dijo a la AFP el abogado Prudente Mello, exintegrante de la Comisión de Amnistía y autor de una tesis doctoral sobre esa colaboración represiva.
En adelante, «cada vez que usted oiga decir que es imposible responsabilizar a nadie por los crímenes de la dictadura cívico-militar, recuerde esto: Volkswagen tendrá que destinar 36,3 millones de reales a sus extrabajadores y a iniciativas memoriales, por haber colaborado con los militares», tuiteó la diputada de izquierda Fernanda Melchinna.
«¿Habrá otras empresas en la lista del mea culpa? Sería algo digno e histórico», escribió en la misma red social el periodista y escritor Xico Sá.
Los fiscales que refrendaron el acuerdo asumieron plenamente sus implicaciones.
Se trata de un hecho «sin precedentes en la historia de Brasil y tiene una importancia enorme para la promoción de la Justicia de la transición, en Brasil y el mundo», afirmaron en un comunicado.
«No se dejarán atrás las páginas siniestras de la historia sin una plena revelación de la verdad, la reparación a las víctimas (y) la responsabilización de los autores de graves violaciones a los derechos humanos», prosiguen los fiscales.
«Brasil, desgraciadamente, sigue siendo un caso notorio de resistencia a la promoción de esa agenda», agregan.
Contra la corriente bolsonarista
De acuerdo con el informe de la CNV publicado en 2014, los «años de plomo» dejaron al menos 434 muertos y desaparecidos, un número de víctimas considerablemente menor al de otros países latinoamericanos como Chile (3.200) o Argentina (30.000, según organizaciones de la sociedad civil).
Pero ese balance no incluye a centenares de víctimas de milicias contratadas para reprimir conflictos agrarios ni las matanzas de indígenas en el avance de la ocupación del territorio por el Estado.
En los países vecinos, muchos de los autores de atrocidades fueron sentados en el banquillo de los acusados y condenados a penas de prisión.
Pero en Brasil, al bloqueo de los juicios por la Ley de Amnistía se sumó la reivindicación oficial del pasado represivo desde la llegada de Bolsonaro al poder, en enero de 2019.
En marzo de ese año, Bolsonaro instó a «conmemorar» el aniversario del levantamiento militar de 1964, negándose a considerarlo un ‘golpe de estado».
En varias ocasiones, Bolsonaro calificó de ·héroe» al jefe de la represión en Sao Paulo a inicios de los años 70, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, a quien se le atribuyen unas 70 muertes y desapariciones, según datos de la Comisión Nacional de la Verdad.
El acuerdo firmado por Volkswagem «tiene peso, en un momento como el que estamos viviendo de retroceso en la democratización del país», dijo el abogado Prudente Mello.
