Asunción (AFP) – El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, anunció este viernes que renuncia a su cargo y también a sus aspiraciones para ser candidato el año próximo a la presidencia por el oficialista Partido Colorado, luego de que Estados Unidos lo sancionara por «corrupción significativa».
«La decisión de dar un paso al costado es para no afectar el entorno del presidente de la República (Mario Abdo Benítez) ni al Partido Colorado», declaró Velázquez a la radio 1080 AM.
«Me voy a retirar de la política. Era la última etapa de mi carrera. Si no se pudo dar, qué le vamos a hacer. Son designios de Dios», añadió.
El presidente Mario Abdo Benítez destacó «la actitud madura» de Velázquez al «priorizar los intereses de la construcción y credibilidad de nuestra nación al anunciar su renuncia».
«Evidentemente ante esta circunstancia era inaceptable la continuidad del vicepresidente”, dijo a la prensa luego de un acto en la localidad de Mayor Otaño, a 400 km al sureste de Asunción.
El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este viernes a Velázquez, de 54 años, «por su participación en actos de corrupción significativos, incluido el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos», afirmó el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado.
También fueron sancionados su colaborador cercano y asesor jurídico de la central hidroeléctrica Entidad Binacional Yacyretá Juan Carlos Duarte, y varios de sus familiares.
«Hablo con la tranquilidad que me da mi conducta, porque no hice lo que me están acusando. Estoy hablando con una conciencia limpia», sostuvo el político.
«En el caso que me involucra a mí hay una laguna. Es muy volátil», agregó.
Velázquez era hasta ahora el aspirante a la presidencia dentro del movimiento Fuerza Republicana del Partido Colorado, que apoya Abdo Benítez, para las primarias previstas el 18 de diciembre de este año.
Los comicios por la presidencia de Paraguay se celebrarán el 30 de abril de 2023.
El otro aspirante dentro del Partido Colorado es, hasta ahora, Santiago Peña, delfín político del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).
El exmandatario, un rico empresario tabacalero, también fue sancionado por Estados Unidos hace pocas semanas por «corrupción significativa». Según Washington, Cartes obstruyó «una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional».
Yacyretá en riesgo –
El caso por el que Washington sanciona a Velázquez también alcanza, a través de Juan Carlos Duarte, a la central hidroeléctrica Yacyretá, una obra binacional sobre el río Paraná en la frontera de Paraguay y Argentina.
Duarte «ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros», indicó Blinken en un comunicado.
Con esa acción, «abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la Entidad Binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay», añadió.
Blinken estimó que estos actos afectan también a «la percepción pública de corrupción e impunidad» en la oficina del vicepresidente.
La designación de Estados Unidos a Velázquez y su colaborador, así como a sus familiares, se produce en virtud de la sección 7031(c), e implica que no podrán optar a una visa para entrar a Estados Unidos.
¿Vínculo con Hezbolá? –
Aunque no fue mencionado por el Departamento de Estado, la prensa paraguaya recordó este viernes una foto de 2016 en la que Velázquez y Duarte, durante una visita a Líbano, se mostraron en un yate con Walid Amine Sweid, acusado por Estados Unidos de financiar el partido Hezbolá, clasificado como grupo terrorista por Washington.
«Me endilgan una alianza con el Hezbolá cuando yo no tengo nada absolutamente que ver con ellos salvo aquel viaje oficial cuando nos fuimos (a Líbano) ocho diputados. A partir de ahí aparece que yo tengo vinculaciones con Hezbolá. ¡Jamás! Yo condeno el terrorismo en todas sus formas», se defendió Velázquez.
Tanto Velázquez como Duarte fueron fiscales en Ciudad del Este, en la triple frontera con Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina), desde donde, según las sospechas de Estados Unidos, supuestamente empresarios de origen musulmán enviaban dinero para Hezbolá.
