Caracas (AFP) – Un endurecimiento del confinamiento en Caracas y el vecino estado de Miranda entró en vigencia este miércoles ante el avance de la pandemia de COVID-19.
La «radicalización» de la cuarentena que el martes ordenó el presidente socialista Nicolás Maduro obliga al cierre de negocios salvo supermercados, farmacias y otros comercios considerados «esenciales». Pese a la medida, observaron periodistas de la AFP, numerosas personas circulaban desde temprano en distintas zonas de la capital de Venezuela.
«Hay mucha gente en la calle (…) Tenemos que llevar comida a nuestra casa», comentó a la AFP Francis Moreno, comerciante de la emblemática zona comercial caraqueña de Sabana Grande.
«Los números, de verdad, nos prenden una alarma en Caracas y Miranda», dijo Maduro el martes al anunciar la decisión.
Según las cifras oficiales, cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerarlas «poco creíbles», el país de 30 millones de habitantes registra por la pandemia 10.010 contagios y 96 muertes. De los casos confirmados, 1.079 corresponden al Distrito Capital, y 889 a Miranda.
Un esquema de confinamiento que Maduro llama «7+7» está vigente desde junio, que alterna siete días de «cuarentena radical» con siete de «flexibilización» que permiten actividades de sectores económicos distintos a alimentación, salud o seguridad.
La decisión del mandatario excluye a Caracas del período de flexibilización que, según había confirmado él mismo el sábado, correspondía esta semana.
Puestos de control con policías y militares que piden salvoconductos a conductores han sido dispuestas en varias vías en Caracas y el estado de Miranda.
Sin embargo, «la gente sale, esté o no radicalizada la cuarentena», contó a la AFP Francisco Rojas en la pudiente zona de Chacao, aunque aclara que el flujo suele bajar con el paso de las horas: «Ya después del mediodía, esto es un pueblo fantasma».
La pandemia encuentra a Venezuela con hiperinflación y seis años de recesión, así como un precario sistema de salud pública. La crisis socioeconómica dificulta el cumplimiento del confinamiento en un país donde ocho de cada diez familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta alimentaria, según un estudio académico presentado la semana pasada.
El gobierno de Maduro, que reconoce una aceleración de los contagios, extendió el 10 de julio por otro mes el «estado de alarma» que da base legal a la cuarentena declarada el 16 de marzo. Transcurrieron 70 días entre el primer caso y el número 1.000; pero solo cuatro entre el 9.000 y el 10.000.
La semana pasada, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, cercano colaborador de Maduro, confirmaron haber contraído el virus, así como Omar Prieto, gobernador del petrolero estado de Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), que concentra más de un quinto de los casos en Venezuela.
