Montevideo (AFP) – El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este viernes que el gobierno renegoció los términos del acuerdo con la empresa finlandesa UPM para la construcción de su segunda planta de celulosa en el país.
En una conferencia de prensa para «contar los beneficios» del nuevo acuerdo, el mandatario destacó que bajo el nuevo pacto el Estado ahorrará dinero y la empresa invertirá más.
En cuanto al ahorro, explicó que UPM se hará cargo de los costos de obras de infraestructura que en el acuerdo anterior correspondían al gobierno.
«Estamos hablando del entorno de 60 millones de dólares en lo que hace a infraestructura vial y 68 millones de dólares en infraestructura eléctrica», detalló.
Asimismo, calculó un ahorro de alrededor de 7 millones de dólares anuales durante 20 años en compra de energía eléctrica generada por el emprendimiento a la que Uruguay se había comprometido.
En cuanto a las inversiones, mencionó la ampliación de una planta de insumos en Fray Bentos, en el departamento litoral del Río Negro sobre el que se construye la planta de celulosa, y la construcción de un vivero en la zona de Sarandí del Yí, en el departamento de Durazno. «Estas dos inversiones suman aproximadamente 55 millones de dólares», puntualizó.
«Hay satisfacción de un acuerdo positivo de ambas partes», aseguró.
Consultado sobre qué cedió Uruguay para que la empresa aceptara las nuevas condiciones, Lacalle contestó: «Puede sonar raro, pero esto es todo lo que hay».
UPM también se refirió este viernes al «nuevo memorando de entendimiento sobre temas pendientes» en un comunicado.
Allí apuntó que «en el contexto de la pandemia de covid-19 y sus posibles impactos en la sociedad uruguaya», ambas partes reconocieron «la importancia crítica de garantizar la implementación del proyecto».
Resaltó además que el marco total de la inversión permanece incambiado: serán 3.000 millones de dólares.
El proyecto, fruto de una negociación de años entre UPM y el pasado gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez (2015-2020), ha sido objeto de varias polémicas, en particular por las exoneraciones y concesiones que el Ejecutivo otorgó a la empresa, como la construcción de un ferrocarril central exigido por el grupo finlandés.
También se advierte sobre el impacto ambiental de la fábrica en el cauce del Río Negro, que atraviesa el centro del país y sobre el cual estará establecida la gigantesca obra.
