Ciudad de Guatemala (AFP) – Decenas de guatemaltecos se manifestaron este sábado frente al Palacio Nacional en la capital para insistir en la renuncia del presidente, Jimmy Morales, acusado de haber aceptado financiamiento ilícito en el partido que lo llevó al poder en 2015.
Ondeando banderas de Guatemala y al ritmo de tambores, los manifestantes reclamaron la salida del mandatario para que se someta a la justicia por supuestos aportes ilegales cuando fungió como secretario general del partido derechista FCN-Nación, pesquisas promovidas por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU.
Jimmy Morales «se está aferrando a un barco que se está hundiendo. Él dijo que no obstaculizaría la justicia y lo está haciendo», dijo a la AFP Álvaro Montenegro, integrante del colectivo Justicia Ya, una de las organizaciones que convocó a la protesta.
Para poder investigar a Morales, la fiscalía y la Cicig pidieron el pasado 25 de agosto retirarle la inmunidad y, aunque una comisión especial del Congreso recomendó levantarle los fueros, en dos votaciones los diputados no alcanzaron los 105 votos necesarios para hacerlo, manteniendo el blindaje del mandatario.
Dos días después de que se pidiera retirarle la inmunidad, Morales provocó una crisis política al intentar expulsar sin éxito al jefe de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, figura clave en la revelación de varios casos de corrupción desde 2015.
«Renuncia Jimmy por corrupto y ladrón», señalaba una pancarta portada por dos ancianos en la protesta.
El pasado 20 de septiembre, varios comercios cerraron sus puertas y miles de manifestantes salieron a las calles de la capital y otras ciudades en un «paro nacional» para exigir la salida de Morales. A pesar de las muestras de repudio, el presidente ha expresado que se mantendrá en el puesto.
La manifestación también pidió reformas a la ley electoral y una depuración del Congreso ya que, tras evitar la investigación a Morales, los diputados aprobaron reformas para quitar responsabilidad penal a los secretarios de los partidos políticos ante eventuales acusaciones similares a las que enfrenta el presidente.
Ante el rechazo popular, los congresistas dieron marcha atrás a las modificaciones al código penal, que incluían el beneficio de multa para evitar la cárcel por delitos sancionados con hasta 10 años de prisión.
