Caracas (AFP) – Solo se concretaron nueve obras de 33 contratadas por el gobierno venezolano con la constructora brasileña Odebrecht y no se logró encontrar documentación suficiente para avanzar en una investigación, reveló este domingo un informe difundido por la ONG Transparencia Venezuela.
De 33 obras suscritas por Odebrecht en Venezuela, «solo conseguimos copia de 9», reseñó la ONG tras acusar de «opacidad» y «silencio» a la justicia venezolana. «Solo tenemos certeza de que han sido terminadas nueve» obras.
La organización determinó que 20 de los contratos con la firma brasileña superan los 29.974 millones de dólares.
Citando las confesiones de directivos de Odebrecht, la ONG indicó que fuera de Brasil, «Venezuela es el país donde la compañía pagó la suma más alta de sobornos para obtener contratos».
Aunque empleados de Odebrecht declararon ante una corte de Nueva York haber pagado 98 millones de dólares a funcionarios en Venezuela para obtener los contratos, la ONG estima que los sobornos serían superiores a los 1.300 millones de dólares.
«Todos los gobiernos de la región envueltos en esta trama se han visto impactados por este hecho. Este no es el caso de Venezuela, que ha engavetado las pesquisas e investigaciones que comenzaron a principios de 2017», sostuvo Transparencia Internacional.
El escándalo de Odebrecht llevó a la renuncia en marzo pasado de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, y también salpicó a sus predecesores Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
Derivó asimismo en la destitución y condena del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
En Brasil, llevó a la cárcel a decenas de ejecutivos, entre ellos el director ejecutivo del grupo, Marcelo Odebrecht, e impactó a otros tantos políticos incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó el pasado 18 de abril enjuiciar al presidente Maduro -que aspira a la reelección en comicios adelantados para el 20 de mayo- por presunta corrupción en el caso de Odebrecht.
La decisión fue simbólica porque los actos del legislativo son considerados nulos por la máxima corte de justicia, acusada de servir al gobierno.
