Montevideo (AFP) – Al comienzo del verano austral, los pasajeros de los cruceros que ingresan a Montevideo, puerto estratégico para la pesca en el Atlántico sur, descubren un paisaje sorprendente: un cementerio de pecios oxidados, contaminación visual y ambiental que las autoridades están tratando de eliminar.
A la distancia se divisa un conjunto de antenas, cuerdas, pórticos, escaleras, cascos y cadenas. Grupos de barcos de pesca abandonados forman islas de chatarra con pintura descascarada en medio de la bahía. Algunos todavía están a flote; otros están tendidos en el flanco, semi sumergidos y devorados por el tiempo.
Parte de estos barcos fantasmas fueron empujados contra la costa por el viento y las tormentas. Ahora, son parte del paisaje de la capital uruguaya, que acompaña la carretera que va hacia el oeste del país.
«Montevideo es un puerto natural para la pesca en el Atlántico sur», dice AFP Alejandro Sciarra Caubarrere, un abogado especializado en derecho marítimo.
«Muchos de estos barcos vienen aquí por una zafra de pesca y se quedan allí esperando a la próxima», agrega Isabel Vázquez, quien está a cargo de las finanzas de Autoridad de Puertos del Uruguay (ANP).
Estas estancias, que se supone duran solo unos pocos meses, se extienden a veces indefinidamente. En algunos casos, los propietarios de estas embarcaciones de origen coreano, español, beliceño, namibiano, estadounidense o uruguayo, deciden abandonarlas debido a una avería técnica o una quiebra económica, en lugar de pagar las reparaciones o la repatriación. Los armadores desaparecen del tráfico, a veces dejando que la tripulación se vaya por sí misma en el lugar.
«Son barcos que fueron abandonados con su tripulación, que tenía contratos basura», dice Sergio Castro, presidente del sindicato de trabajadores del mar (SUNTMA), que tuvo que manejar en los últimos años los casos de marineros africanos y asiáticos librados a su suerte y a menudo forzados a revender partes de las naves para sobrevivir.
Este problema está lejos de ser nuevo y ha crecido con los años.
En total, alrededor de sesenta embarcaciones aparecen en el puerto de Montevideo, que en volumen de contenedores ocupa el 17º lugar en América Latina, según el último ranking de la Comisión Económica de la ONU para la región Cepal.
– «Una vergüenza» –
Los barcos más antiguos llevan en el mismo lugar desde 1998, según el registro de la ANP, que enumera embarcaciones de 15 a 100 metros de largo y con un peso de 50 a 4.000 toneladas.
Las agencias navieras, que representan a los propietarios de los barcos y actúan en su nombre, prefieren pagar durante años para estacionar los barcos, incluso después de perder contacto con los armadores. El motivo: evitar que se les retire su autorización para operar por parte de la Autoridad Portuaria.
«Como tenían alguien que les pagara por la estadía del barco, no tenían urgencia de sacar el barco (…) Esta administración y las precedentes han ido dejando que esos casos se acumularan. Lo que antes era 2, 3, 4, 5 barcos, se fue transformando en un cementerio», describe Sciarra Caubarrere.
El problema que representan estos barcos es triple: seguridad para la navegación, estético y ambiental. Además de combustible, ya que estos barcos transportan productos químicos para la refrigeración de la pesca, explica Vázquez.
«Hay que solucionar algo que viene del pasado, el cementerio, o como yo le digo, la isla de chatarra en nuestro puerto de Montevideo, que es una vergüenza», dijo el letrado Sciarra Caubarrere, quien denuncia un «atentado al medioambiente, marítimo y visual».
Dada la magnitud del problema, las autoridades uruguayas tuvieron que reaccionar. En marzo de 2018, el gobierno nacional emitió un decreto que autoriza la exportación de 50 barcos para ser desmantelados en el extranjero, ya que la capacidad local era demasiado limitada.
Uruguay, un pequeño país de tres millones de habitantes, tiene una sola empresa de desguace de buques.
En el proceso, la ANP, que se basa en la cantidad de embarcaciones hundidas para atraer empresas internacionales y reducir los costos de la operación al máximo, hizo una oferta para el retiro y deshuesado de los primeros 20 barcos.
El ministro de Transporte, Víctor Rossi, anunció recientemente que la ANP tendría que gastar cuatro millones de dólares para deshacerse de esta veintena de barcos, según los medios locales.