Bruselas (AFP) – Los cancilleres europeos se comprometieron este lunes a imponer «rápidamente» nuevas sanciones contra responsables venezolanos tras la pasada elección presidencial en el país, medidas que adoptarían formalmente durante junio.
«La Unión Europea (UE) actuará rápidamente (…) con el fin de imponer medidas restrictivas adicionales, selectivas y reversibles, que no perjudiquen a la población venezolana», indicaron en una declaración durante su primera reunión en Bruselas desde la reelección de Nicolás Maduro.
Maduro, de 55 años, obtuvo el 20 de mayo el 68% de los sufragios emitidos en la elección presidencial anticipada en Venezuela, que los principales partidos de la oposición boicotearon al considerarla fraudulenta, un análisis compartido con el Grupo de Lima y Estados Unidos.
Tras advertir durante semanas que las elecciones no contaban con las garantías suficientes, los europeos subrayaron que «los resultados carecen de credibilidad» y pidieron así «nuevas elecciones presidenciales» que cumplan «con las normas democráticas internacionalmente reconocidas».
Con las nuevas sanciones, el bloque busca «animar y crear las condiciones de un diálogo político (…) serio y significativo entre el gobierno y la oposición», indicó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una rueda de prensa al término de la reunión.
– Una decena de nombres –
«Esperamos que el incremento de la presión (…) convenza al régimen que la única salida es un diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, y una salida auténticamente democrática que pare la deriva autoritaria», según el canciller español, Alfonso Dastis.
Los europeos estudian agregar nuevos nombres a la lista de personas o entidades sancionadas por menoscabar, a juicio de la UE, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en este país latinoamericano, sumido en una profunda crisis política y económica.
Una fuente diplomática europea indicó a la AFP que la UE estudia añadir una decena de responsables venezolanos a esta lista en junio, si bien primero debe examinar la viabilidad jurídica de las sanciones para evitar que sean recurribles.
El objetivo sería sancionar, con la prohibición de visados y la congelación de activos en el bloque, principalmente a «los actores vinculados a la organización de esas elecciones poco representativas», explicó el viernes un alto funcionario europeo.
La presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ya forma parte de la primera lista de siete funcionarios de alto nivel sancionados en enero, en su caso, por «no garantizar que el CNE siga siendo una institución imparcial e independiente», entre otros.
El número dos del partido oficialista, Diosdado Cabello, así como responsables del aparato de seguridad venezolano, como el ministro del Interior, e incluso el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal general, también cuentan ya con sanciones europeas.
– ¿Con Maduro? –
Sobre la posibilidad de sancionar al presidente Maduro, quien en cambio sí aparece entre las decenas de personas sancionadas por Canadá, Estados Unidos o Panamá, el funcionario europeo señaló que este tipo de medida es muy excepcional en la UE.
El bloque tampoco busca imponer sanciones al sector petrolero venezolano, ya que considera que podría agravar la situación de los ciudadanos en Venezuela, donde, según cálculos de la Comisión Europea, viven alrededor de 600.000 europeos.
Estados Unidos sí decidió hace una semana tomar medidas contra el sector petrolero, prohibiendo a los estadounidenses comprar obligaciones de deuda venezolana, entre ellos los de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), crucial para la economía del país sudamericano.
La presión internacional se cernió sobre Caracas tras la oleada de manifestaciones opositoras entre abril y julio de 2017, que se saldaron con 125 muertos, y tras la posterior elección de una Asamblea Constituyente, que la oposición desconoce.
En noviembre, los 28 países europeos aprobaron así su primer paquete de sanciones contra Venezuela, consistentes en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la «represión interna».