Washington (AFP) – El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes al gobierno de Honduras con cortar la ayuda al país si éste no frena una caravana de miles de migrantes que salieron el fin de semana con destino a Estados Unidos y que ya cruzó la frontera con Guatemala.
«Estados Unidos informó con firmeza al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirigen a Estados Unidos no es frenada y llevada de vuelta a Honduras, no habrá más dinero ni ayuda para Honduras, con efecto inmediato», escribió Trump en Twitter en referencia a un plan de entregar casi 66 millones de dólares en 2019.
El sábado un grupo de más de 2.000 hondureños comenzaron una caminata en San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, hacia la frontera con Guatemala para llegar a Estados Unidos, una ruta de 2.000 kilómetros plagada de obstáculos y peligros.
En la tarde del lunes, miles de migrantes ya estaban en la ciudad guatemalteca de Esquipulas, en la frontera con Honduras.
Antes de ingresar a Guatemala, un numeroso contingente de policías le cerró el paso a los migrantes, pero horas después muchos de ellos lograron llegar a un refugio en Esquipulas, según imágenes y vídeos divulgados por la prensa local.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Katie Waldman, dijo que las noticias de la caravana son el resultado de los conocidos vacíos legales en los mecanismos para detener y luego liberar a los migrantes.
«Como lo hemos dicho y repetido, hasta que el Congreso actúe, vamos a seguir teniendo fronteras abiertas de facto que garantizan futuras ‘caravanas’ y cifras récord de familias que entran ilegalmente a nuestro país», afirmó Waldman en un comunicado.
La violencia en Centroamérica ha empujado a familias enteras, y en muchos casos a niños solos, a huir emprendiendo el peligroso viaje hacia Estados Unidos.
«Una caravana es una forma que tienen los migrantes de agruparse para salvaguardar su propia seguridad», explicó a la AFP Clara Long, investigadora de la organización Human Right Watch, que destacó que el corredor por Centroamérica es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
El lunes las autoridades de Guatemala habían anunciado que prohibirían el ingreso de los migrantes hondureños si éstos no cumplían con los requisitos legales para entrar en el país.
Este martes, un grupo de organizaciones sociales pidieron al gobierno de Guatemala que garantice los derechos de los migrantes.
«Es responsabilidad del Gobierno de Guatemala la seguridad y la integridad de las personas que se encuentran en su territorio y por ningún motivo atentar contra sus derechos humanos», detalló un comunicado emitido por 18 organizaciones, entre ellas la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala y la Pastoral de Movilidad Humana.
– Respetar derechos de migrantes –
El gobierno de México también anunció que frenará el paso de los migrantes que no cumplan con la legislación.
Más de 500.000 personas cruzan clandestinamente la frontera sur de México cada año en su intento por llegar a Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas. La mayoría son centroamericanos que escapan de la violencia y la pobreza de sus países.
La semana pasada el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, participó junto a sus homólogos de Guatemala y El Salvador en la Segunda Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica en Washington.
En el foro, el vicepresidente estadounidense Mike Pence fue contundente al pedir a los líderes centroamericanos que envíen un mensaje a sus ciudadanos: «Si no pueden venir a Estados Unidos legalmente, no deberían venir».
Mediante el pacto denominado «Alianza para la Prosperidad», Washington otorga ayuda financiera para implementar programas que mejoren las condiciones de seguridad y crear oportunidades de desarrollo para frenar la migración.
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, llamó a respetar los derechos de los migrantes.
«Urgimos respeto a los derechos y la seguridad de los integrantes de caravana de migrantes hondureños, así como investigar el posible involucramiento de traficantes de personas», dijo Almagro.
En este sentido, Long recordó que cada uno de los países tiene la obligación de darle una audiencia justa a las personas que soliciten protección.
Más de un millón de hondureños reside en Estados Unidos, la mayoría indocumentados. El año pasado inyectaron 4.000 millones de dólares en remesas a la economía de su país, equivalentes al 20% del producto bruto interno (PIB).
