Caracas (Venezuela).- En una decisión que profundiza la divisoria política de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por afiliados al chavismo, ha certificado este jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años, desatando una oleada de críticas y acusaciones de fraude por parte de la oposición.
La presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, vinculada estrechamente al entorno de Maduro, proclamó el fallo que asegura la continuidad del oficialismo en el poder. Este anuncio llega tras un proceso electoral marcado por denuncias de manipulación y un supuesto ataque cibernético contra el sistema electoral, agravando las tensiones en un país ya cargado de desafíos económicos y sociales.
La reacción no se hizo esperar. Edmundo González, principal candidato opositor, denunció la decisión del tribunal como un atentado a la democracia.
«Los órganos del Estado deben emanar de la soberanía popular y a ella estar sometidos. Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular», declaró González en un mensaje en X donde rechaza el resultado y hace un llamado a la comunidad internacional.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas también ha emitido una advertencia sobre la falta de independencia e imparcialidad del TSJ y del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
«La injerencia del gobierno en las decisiones del TSJ es evidente y desempeña un papel crucial en la represión estatal», afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
Este escenario se repite en un contexto donde las autoridades electorales se han visto envueltas en múltiples controversias. El informe presentado por el TSJ, que incluyó un peritaje de los votos, ha sido rechazado por sectores de la oposición y expertos internacionales como una maniobra para legitimar un proceso electoral cuestionado tanto nacional como internacionalmente.
El análisis comparativo de situaciones electorales en otros países, mencionado por la magistrada Rodríguez Rodríguez, intenta poner en contexto la actuación del TSJ dentro de una norma global, donde las instancias judiciales electorales resuelven controversias.
Sin embargo, críticos y analistas políticos señalan que estas referencias no compensan las irregularidades observadas durante el proceso electoral venezolano.
El fallo del TSJ no sólo ha certificado la reelección de Maduro sino que también ha ordenado al CNE publicar los resultados definitivos en la gaceta electoral, un paso formal que muchos ven como la consolidación de un poder que sigue siendo ampliamente disputado.
María Corina Machado, líder de la oposición, ha expresado su descontento con la situación: «El pueblo habló y su soberanía debe ser respetada. No aceptaremos un gobierno que se perpetúa en el poder mediante tácticas que socavan la democracia».
Con este telón de fondo, Venezuela se adentra en otro periodo de gobierno bajo Nicolás Maduro, con una comunidad internacional observando de cerca y una sociedad profundamente polarizada que busca caminos hacia la recuperación de su estabilidad política y económica.
«Golpe de togas contra la soberanía popular en Venezuela. Pugna es actas contra armas, votos contra botas, democracia contra autocracia, pueblo contra golpistas disfrazados de jueces», dijo el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. «Llegó hora de sanciones internacionales para salvar esa democracia».
 de Venezuela ratifica la reelección de Maduro, enfrentando críticas y acusaciones de fraude.){kind=link}