Lima (AFP) – Un tribunal peruano evalúa este miércoles si mantiene o revoca la prisión preliminar de la líder opositora Keiko Fujimori, detenida desde hace una semana tras ser acusada por la fiscalía de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011.
El caso es evaluado en una audiencia en presencia de Keiko, hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), junto a otros tres detenidos que son investigados por el delito de lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2011.
Pero la audiencia de la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior se suspendió hasta las 20h00 locales (01h00 GMT) en que se reanudará para conocer el fallo.
«El colegiado ha dedidido que dará respuesta hoy a las ocho de la noche, es un plazo razonable», anunció el juez César Sahuanay tras escuchar durante unas tres horas todos los alegatos de la defensa y a la fiscalía.
«Mi partido no es una organización criminal», dijo Keiko Fujimori durante una intervención en la que rechazó las imputaciones de la fiscalía.
Según la acusación, Keiko usó la «estructura partidaria de (su partido) Fuerza Popular» para canalizar el dinero de Odebrecht, proveniente de fondos ilegales de la compañía, asegura la fiscalía.
«El Ministerio Público ha sostenido con absoluta solidez y consistencia de que razones plausibles hay de sobra en esta investigación», para mantener detenidos a los investigados, sostuvo el fiscal superior de lavado de activos, Rafael Vela.
«Es una detención injusta y arbitraria, es absurdo detenerla por 10 días, no hay riesgo de fuga», indicó la abogada de Keiko, Giuliana Loza, ante los tres magistrados de la corte al inicio de la audiencia.
Keiko lucía un chaleco negro de la policía con la palabra «detenido».
También estaban en la audiencia los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados de la investigación de los supuestos lazos ilícitos entre políticos peruanos y la empresa Odebrecht.
– «Obstaculización de investigaciones» –
Keiko está detenida desde el 10 de octubre en el cuartel central de la policía de Lima, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre mientras cumplía una condena de prisión de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
El exmandatario, de 80 años, permanece internado en una clínica en calidad de detenido desde hace dos semanas.
Aunque debe volver a prisión una vez que sea dado de alta, el exgobernante podría evitar la cárcel por un proyecto de ley hecho a su medida, aprobado la semana pasada por el Congreso peruano, dominado por Fuerza Popular (derecha populista), que lidera su hija.
Keiko, de 43 años, alega su inocencia y ser víctima de una «persecución política».
«La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país», tuiteó Keiko tras ser detenida y recordar que la justicia la investiga desde hace 18 años, cuando su padre dejó la presidencia.
Keiko es acusada de haber recibido de Odebrecht 1,2 millones de dólares para financiar su campaña a la presidencia para las elecciones de 2011, que ganó su rival Ollanta Humala, también investigado por beneficiarse de aportes de la empresa brasileña.
Su detención fue ordenada «por fundados elementos de convicción que relaciona a los antes citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular el 2011», explicó el Poder Judicial.
Un total de 24 personas, entre ellas Keiko, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya – ambos muy cercanos a los Fujimori – están investigados por supuestamente recibir los fondos de Odebrecht para la campaña de Keiko en 2011.
– Delación de exjefe de Odebrecht –
Según el exjefe de Odebrecht en Lima, el brasileño Jorge Barata, los dirigentes fujimoristas Yoshiyama y Bedoya fueron los intermediarios en la entrega del dinero.
Barata confesó a fiscales peruanos en Sao Paulo que Odebrecht había hecho aportes no sólo a Keiko, sino también a las campañas de 2006 y 2011 de los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Tanto los exmandatarios como Keiko negaron haber recibido dinero de Odebrecht, cuyos ejecutivos confesaron además haber corrompido a políticos y funcionarios en varios países de América Latina a cambio de megacontratos de obras públicas.
Barata aseguró que además del millón de dólares entregado a Yoshiyama y Bedoya, aportó otros 200.000 dólares para Keiko a través de la gremial de empresarios peruanos Confiep. Esta entidad lo niega.
La fiscalía inició la investigación cuando en las cuentas del partido de Keiko se detectaron «aportes fantasmas» para la campaña de 2011. Según el partido, provenían de simpatizantes, pero los presuntos aportantes negaron esos desembolsos.
