Tribunal peruano aplaza pedido para revocar anulación de indulto a expresidente Fujimori
Seguidores de la familia Fujimori exhiben una pancarta en apoyo al expresidente Alberto Fujimori y su hija Keiko, el 15 de octubre de 2018 en Lima © AFP CRIS BOURONCLE

Lima (AFP) – Un tribunal peruano dejó al voto el lunes (aplazó) una apelación de la defensa del expresidente Alberto Fujimori para revertir un fallo judicial que ordenó su retorno a prisión, tras declarar nulo el indulto que recibió en diciembre de 2017, informó el Poder Judicial.

«Decisión quedó al voto y será dada a conocer en el plazo de ley», indicó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter sobre la audiencia de la Corte Suprema para explicar que la resolución podría ser conocida en una o dos semanas.

El tribunal escuchó durante casi tres horas los argumentos del abogado César Nakazaki contra la resolución judicial que en octubre anuló el indulto al expresidente de 80 años. El defensor pidió al tribunal que se declare nulo todo el procedimiento.

Fujimori no asistió a la audiencia ya que se encuentra hospitalizado en una clínica local desde el 3 de octubre, cuando sufrió una crisis cardíaca tras enterarse de que debía volver a prisión, según sus allegados.

En la audiencia se escucharon también los alegatos de los abogados de los deudos de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde un escuadrón de la muerte del ejército peruano asesinó a 25 personas en el marco de una supuesta operación antiterrorista.

Según los familiares de las víctimas, Fujimori, de origen japonés, debe volver a prisión para completar una condena de 25 años impuesta en 2009 como autor intelectual de esas muertes, ocurridas durante su gestión (1990-2000).

El 3 de octubre pasado, el juez de la Corte Suprema, Hugo Núñez Julca, anuló en primera instancia el indulto que el 24 de diciembre pasado le concedió a Fujimori el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Se adujo vicios legales en el procedimiento.

La defensa de Fujimori busca evitar su retorno a la cárcel alegando razones de salud. Mientras, el Congreso evalúa un proyecto de ley que otorgaría prisión domiciliaria a condenados mayores de 80 años con problemas crónicos de salud