Praia (Cabo Verde) (AFP) – El Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde informó este miércoles su decisión de ratificar la orden de extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de lavar dinero a través de un programa social del gobierno de Venezuela.
Los magistrados de la alta corte decidieron «confirmar la autorización judicial para la extradición del acusado a Estados Unidos», según el fallo de fecha 16 de marzo y difundido este miércoles, al que tuvo acceso la AFP.
La defensa de Saab indicó que «está actualmente estudiando la decisión» y adelantó que introducirán «una apelación ante el Tribunal Constitucional», la última instancia jurídica.
«Reafirmamos nuestra confianza en que el embajador Saab será puesto en libertad», indicó.
Saab, de 49 años, es acusado de haber organizado una red de corrupción en beneficio del presidente venezolano Nicolás Maduro a través de un plan gubernamental de ayuda alimentaria para familias desfavorecidas, llamado CLAP.
La oposición al mandatario socialista asegura que Saab es su «testaferro».
Saab fue detenido durante una escala técnica de su avión en Cabo Verde a mediados de junio de 2020 y dos meses después fue autorizada su extradición a Estados Unidos en primera instancia, que desde entonces viene siendo apelada.
Actualmente cumple arresto domiciliario en una residencia vigilada en Cabo Verde mientras termina el proceso.
El gobierno venezolano, que otorgó a Saab la nacionalidad y le da trato diplomático con un título de Enviado Especial, ha calificado la detención de «arbitraria» y ha pedido «medidas humanitarias» para que el empresario recibiera arresto domiciliario, argumentando que sufrió «maltrato y torturas».
El Tribunal de Justicia de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ordenó a Cabo Verde que liberara al empresario y detuviera el proceso de extradición a Estados Unidos.
El tribunal africano dictaminó que su detención el 12 de junio de 2020 no tiene base legal, ya que la «notificación roja» de Interpol emitida por Estados Unidos está fechada el día siguiente, el 13 de junio.
Pero el Tribunal Supremo subrayó en su decisión que Cabo Verde no había «firmado el Protocolo que otorga legitimidad al Tribunal de la CEDEAO» y «las decisiones del Tribunal no se aplican en Cabo Verde».
