Montevideo (AFP) – Uruguay ha registrado un exponencial aumento como país destino de víctimas de trata de personas, una forma de esclavitud moderna que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó en 2017 que afecta a unos 40,3 millones de personas en el mundo.
El informe de la ONU de 2016, en tanto, registra 63.251 víctimas confirmadas de este delito difícil de detectar entre 2012 y 2014 en 106 países.
Pero los números del aumento en Uruguay, que señalan tanto informes internacionales como autoridades locales y ONGs dedicadas a atender a las víctimas de trata, son elusivos en este pequeño país de América del Sur que cuenta con apenas 3,4 millones de habitantes y donde la prostitución, uno de los sectores en los que abunda la explotación, es legal.
La jueza Julia Staricco, que ha procesado algunos expedientes de trata, indicó que «no hay tantos casos de investigación que terminen en condena por la dificultad de hallar pruebas» y el temor de las víctimas a dar testimonio.
¿De cuántos casos hablamos, una decena?, inquiere la AFP. «No, menos», responde sin mayores precisiones.
El informe sobre Trata de Personas del estadounidense Departamento de Estado 2018 dice en el segmento dedicado a Uruguay que el país ha registrado un aumento, pero que el gobierno «no recopiló datos» y que «no hubo un sistema para hacer el seguimiento de los casos que se encontraban en la órbita judicial».
Agrega que en 2017 se iniciaron «diez investigaciones de trata» contra seis en 2015 y 2016, y que el año pasado hubo «26 procesamientos por trata con fines de explotación sexual».
No obstante, el informe reconoce los esfuerzos del gobierno para aumentar la protección de las víctimas.
De acuerdo con el reporte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) «informó que ayudó a 172 víctimas de la trata» contra 131 en 2016 y más de la mitad fueron personas extranjeras.
Asimismo, indica que una ONG financiada parcialmente por el gobierno reportó servicios a más de 200 víctimas femeninas, 150 de las cuales eran dominicanas.
El diputado Nicolás Viera, del oficialista Frente Amplio, miembro informante del proyecto de Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas, había advertido en mayo, antes de la aprobación y promulgación de la norma en julio, que en 2017 se registraron 350 casos de trata en el país.
En tanto, Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, dijo a la AFP que en 2017 registró 373 casos de explotación de menores, aunque no necesariamente todos víctimas de trata, pues no es fácil discriminar las circunstancias de esa explotación.
La ONG El Paso, que trabaja en convenio con el Mides, atiende actualmente a unas 500 víctimas, 90% de las cuales son extranjeras, dice su directora Andrea Tuana.
En Casa Abierta «un 21 o 22% de las víctimas que atendemos son víctimas de trata internacional, unas 150 mujeres por año» y «el 90% o más son víctimas de explotación sexual», dijo la trabajadora social Sandra Ortiz, al frente de esa ONG que trabaja en 15 países.
«Pero la realidad nuestra es que atendemos a mujeres uruguayas que retornan» de países como Italia, México o Argentina, agrega. También atienden víctimas de la trata interna en Uruguay.
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