Washington (AFP) – El estado de Texas prevé ejecutar este miércoles a un mexicano que asesinó a martillazos a su familia en Estados Unidos, pese a reclamos del gobierno de México y de expertos de la ONU y la OEA, que alegan una violación del derecho internacional.
Roberto Moreno Ramos, de 64 años, debe recibir una inyección letal a las 18H00 locales (00H00 GMT del jueves) en la penitenciaría de Huntsville, a unos 100 km al norte de Houston.
Moreno fue condenado a muerte por asesinar a su esposa y a sus dos hijos, de siete y tres años, en 1992 en la ciudad de Progreso, cerca de la frontera con México, donde la familia había estado viviendo durante varios años.
Tras enterrar los cuerpos debajo del baño de su casa, a los tres días se casó con su amante, quien no tenía idea de que su novio tenía una familia. Los cadáveres recién fueron encontrados dos meses después.
En los 25 años que lleva en «el corredor de la muerte», los abogados de Moreno Ramos intentaron varios recursos, todos sin éxito, argumentando que padecía problemas mentales.
México y defensores de los derechos humanos han denunciado que Moreno no hubiera podido recibir asistencia legal de su consulado, un derecho garantizado por la Convención de Ginebra de 1963, de la cual Estados Unidos es signatario.
Su ejecución constituiría una «violación flagrante de los derechos humanos y el derecho internacional», dijo el lunes el gobierno mexicano.
Expertos de las Naciones Unidas dijeron el martes que «cualquier sentencia de muerte ejecutada en contravención de las obligaciones internacionales de un gobierno sería arbitraria».
«Pedimos que se anule su sentencia de muerte y que se vuelva a juzgar al señor Moreno Ramos en cumplimiento del debido proceso y de las normas internacionales», señalaron en un comunicado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que emitió en 2002 medidas cautelares a favor de Moreno, también pidió días atrás un nuevo juicio conforme al debido proceso.
En 2003, el gobierno mexicano llevó el caso de Moreno, así como el de otros 50 condenados a muerte en Estados Unidos, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la ONU.
El alto tribunal con sede en La Haya dictaminó en 2004 que se habían violado sus derechos consulares y ordenó una revisión. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos sentenció en 2008 que los estados del país no estaban obligados a cumplir las decisiones de la CIJ.
Desde entonces, cinco mexicanos fueron ejecutados, todos en Texas, de acuerdo con el Centro de información sobre la pena capital (CPIC), una ONG con sede en Washington. El último fue Rubén Ramírez Cárdenas en noviembre de 2017.
Estados Unidos ha llevado a cabo 20 ejecuciones desde principios de año, incluyendo diez en Texas.
