Bogotá (AFP) – Los homicidios en las zonas cocaleras de Colombia aumentaron en 2017, cuando el gobierno y las FARC empezaron la implementación del acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la otrora guerrilla comunista, según un informe divulgado este martes.
En promedio, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 35,5 en 2016 a 39,5 en 2017, un alza del 11%, en los 183 municipios donde hay sembradíos de hoja de coca, base de la cocaína, indica el estudio «¿En qué va la sustitución? Balance 2017», de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En las 36 localidades en las que el gobierno inició el año pasado un plan de sustitución de cultivos ilícitos, que concentran el 52% de las 146.000 hectáreas de narcocultivos del país, los asesinatos conocieron un incremento de 33%, al pasar de 41,1 a 54,7.
«La mayoría de los municipios que registraron alzas en los niveles de homicidios fueron impactados por las disputas y reacomodamientos de los grupos armados al margen de la ley», sostuvo el informe de este centro de pensamiento fundado hace casi dos décadas en Bogotá.
La cifra de homicidios en Colombia, el principal productor y exportador de cocaína del mundo, viene reduciéndose desde hace más de una década. En 2016 la tasa de 23,66 por 100 mil, la más baja en 15 años. La del 2017 aún no ha sido revelada.
La FIP advierte que «el desmonte paulatino de las FARC» dejó a muchos actores armados «sin ningún tipo de regulación», a lo que se suma el accionar de otros grupos armados ilegales con intereses en el narcotráfico.
Tras el desarme de las FARC, en Colombia operan el ELN, último grupo rebelde del país, bandas narcotraficantes de origen paramilitar y disidencias de la exguerrilla.
«El deterioro de la seguridad no solo se ha expresado en el alza en los niveles de homicidios sino en amenazas y ataques directos al proceso de sustitución», añade el texto.
– Retos –
En el pacto de paz, firmado a finales de noviembre de 2016, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a ayudar al gobierno a combatir el narcotráfico.
Los rebeldes han reconocido haber usado recursos provenientes del tráfico de drogas para financiar su alzamiento armado contra el Estado.
El gobierno de Juan Manuel Santos fijó como meta para el año pasado erradicar 50.000 hectáreas de cultivos de coca y sustituir con sembradíos lícitos otras 50.000 para hacer frente a la siembra histórica de narcocultivos.
Santos, que en agosto dejará el poder tras dos mandatos de cuatro años, dijo a comienzos de febrero que en el último año se erradicaron 54.000 hectáreas y que la meta para 2018 es de 115.000.
Para la FIP, la respuesta estatal en las regiones con más sembradíos ilícitos no cuenta con «un verdadero modelo de seguridad rural», por lo que la sustitución y la erradicación han generado «tensiones y enfrentamientos» con las comunidades.
Por ejemplo, en Tumaco, el municipio con más cultivos de coca de Colombia, murieron siete campesinos cocaleros a finales de diciembre en un enfrentamiento con la fuerza pública.
«El énfasis en la política antinarcóticos, con metas que privilegian la destrucción de cultivos y laboratorios, no ha estado acompasado con el restablecimiento de la presencia del Estado, la protección de las comunidades y la contención de las amenazas», sostuvo.
La organización advierte que la sostenibilidad del proceso contra los narcocultivos entrará en 2018 «en una etapa de incertidumbre» por el cambio de gobierno, las condiciones de seguridad, las presiones de los grupos armados y la escasa articulación entre las entidades estatales.
