Quintero (Chile) (AFP) – Una bahía de ensueño sobre el océano Pacífico sacrificada para instalar un imponente cordón industrial. Quintero y Puchuncaví, localidades consideradas «el Chernóbil chileno», soportan hace más de cinco décadas la contaminación de su aire, mar y tierra, que también intoxica a su población.
Desde 1958, cuando se decidió relegar la pesca artesanal y la agricultura para convertir este lugar en un polo industrial que hoy alberga cuatro termoeléctricas a carbón y refinerías de crudo y cobre, los 50.000 habitantes de estas comunas, ubicadas apenas a 120 km de Santiago, respiran a diario gases que emiten unas 15 fuentes contaminantes.
El «Chernóbil chileno», como lo llama la organización Greenpeace, expone a la población, en especial a niños y embarazadas, a recurrentes episodios de intoxicaciones y enfermedades crónicas.
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Para la Corte Suprema de Chile, las sucesivas negligencias estatales a lo largo de estos años han puesto en riesgo «la salud e, incluso, la vida de las personas».
A fines de septiembre, el presidente Sebastián Piñera pidió perdón a los habitantes de Quintero y Puchuncaví tras reconocer que por 50 años «se ha maltratado» a sus habitantes. «Se instalaron todo tipo de empresas sin normas; se generó un abuso con la naturaleza y con la gente», afirmó.
– Miedo a respirar –
Alejandrina Arriaza vive temerosa. Su nieta Deyanira, de casi dos años, sufre una enfermedad pulmonar crónica que recrudece con la contaminación.
Los médicos recomendaron a Alejandrina mudarse en busca de un mejor aire pero no tiene otro lugar donde ir. Su pequeña casa de madera y latones en la parte alta de la localidad de Ventanas, en Puchuncaví, recibe directo los gases de las empresas.
«Tengo miedo que le pase algo peor a sus pulmones», dice a la AFP esta abuela desde el patio de su vivienda, desde donde se divisan gigantescas chimeneas industriales.
El año pasado, sus peores temores se hicieron realidad. Una nube tóxica cubrió el cielo y ocho familiares enfermaron durante la última gran emergencia ambiental entre agosto y septiembre, cuando se reportaron más de 1.300 atenciones de urgencias, tras mareos, náuseas, dolores de cabeza y erupciones en la piel.
En medio de la alerta, las autoridades detectaron tres gases tóxicos en el ambiente: nitrobenceno, tolueno y metilcloroformo, este último prohibido en Chile.
Según el Colegio Médico, aunque no haya síntomas en niños pequeños y embarazadas, estos gases pueden dejar secuelas. La exposición «va a producir tarde o temprano algunas enfermedades y puede facilitar el crecimiento de un tumor», advierte el toxicólogo de esta organización Andrei Tchernitchin.
Los episodios activaron un nuevo Plan de Descontaminación, que incluye el monitoreo del aire y normas más exigentes para emisiones de dióxido de azufre.
– Décadas de «abuso» –
El parque industrial divide a la bahía en dos. A un costado, el imponente océano Pacífico se despliega a plenitud; del otro, gigantescas chimeneas junto a enormes tanques de químicos y combustibles.
Sobre el mar, ductos de termoeléctricas se internan varios metros y varios letreros en la bahía alertan a la población: «¡Peligro, zona industrial!».
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«Son empresas peligrosas, contaminantes y obsoletas, porque la tecnología es malísima, contaminan en forma simultánea», acusa Katta Alonso, fundadora de «Mujeres de zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví», una agrupación que lucha por un desarrollo sustentable.
Para Greenpeace, la situación es «peor» a la de Chernóbil tras la fuga nuclear, ya que aquí «no es a causa de un accidente, sino que de proyectos operando diariamente y que generan esta contaminación de manera continua», advirtió Estefanía González, coordinadora de campañas.
La instalación de este parque industrial significó una importante fuente de trabajo y de desarrollo para la zona, creándose a su alrededor varios centros habitacionales y balnearios, de acuerdo a la superintendencia de Medioambiente.
Pero desde su inicio generó resistencias, primero, de los agricultores, quienes interpusieron demandas por daño a cultivos y animales.
De la década de los 80, datan los primeros estudios para medir la contaminación en el agua, suelo y la salud de los trabajadores de la refinería y la fundición. En 1992 se reconoció por primera vez el alto nivel de contaminación del aire en la zona, mientras que un año más tarde el ministerio de Agricultura declaró a Puchuncaví y Quintero como «zona saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado».
– Golpe letal –
Con vista privilegiada a la bahía, Katta, de 65 años, relata a la AFP la metamorfosisque vivió este lugar tras la instalación de la primera industria, una eléctrica, a la que se le fueron sumando la refinería y fundición de cobre de la estatal Codelco, termoeléctricas, plantas químicas y de combustibles.
«Se vivía de la agricultura, la pesca y el turismo. Las playas (todavía) son maravillosas, muy bonitas, pero hoy no queda nada porque lo han depredado todo», advierte esta activista, que dice recibir amenazas.
En 2012, la organización ambientalista Oceana analizó especies marinas como locos, almejas, lapas o jaibas, recolectando muestras a lo largo de la bahía: el 100% de ellas resultaron contaminadas con arsénico, cobre y cadmio.
– COP25, una oportunidad perdida –
Con la crisis social más grave en décadas en Chile, el gobierno de Piñera desistió de organizar la cumbre mundial del clima COP25, restando visibilidad a la lucha contra las «zonas de sacrificio» chilenas.
«Organizar la COP25 en Chile ofrecía una oportunidad enorme para exponer la grave situación de vulneración de derechos medioambientales que miles de chilenos han sufrido durante décadas en las zonas de sacrificio», dijo a la AFP Mauricio Ceballos, de Greenpeace Chile.
Su cancelación impidió realizar el sueño de llevar a recorrer el cordón industrial a la joven activista sueca Greta Thumberg, generando publicidad a la causa.
Cuatro días antes del estallido social, Codelco anunció que analizaba el «potencial cierre» de la fundición Ventanas, responsable en 2011 de provocar la contaminación que intoxicó a decenas de niños de la escuela La Greda de Puchuncaví, que debió ser reubicada.
Con pérdidas de 50 millones de dólares al año, la compañía –que declinó una entrevista con la AFP- reconoció en un comunicado que sus instalaciones son «poco competitivas y no ofrecen mejores perspectivas en el mediano plazo».
Pero el anuncio -en pausa tras el estallido- fue rechazado por los trabajadores de Codelco. «Esta división la vamos a defender a como dé lugar», dijo la presidenta del sindicato 1, Andrea Cruces, advirtiendo sobre los 8.000 puestos de trabajos indirecto y los 2.500 directos que se verían afectados por el cierre.
