Ocaña (Colombia) (AFP) – En 2007 unos soldados le dispararon a quemarropa a Villamir Rodríguez. Querían hacerlo pasar por guerrillero, pero, herido en el brazo, simuló estar muerto y logró escapar. Fue el único campesino que sobrevivió a la trama de sangre de los militares en la región colombiana de Catatumbo.
Entonces con 17 años, Rodríguez caminaba solo por una zona rural de El Tarra, en esa región fronteriza con Venezuela, antes de toparse con las tropas que lo retuvieron por unas horas. Caía la noche y llovía cuando dos soldados descargaron una ráfaga de fusil. Cayó con dos disparos en el brazo derecho.
«Me dejaron ahí [creyendo que estaba] muerto, yo no perdí el conocimiento, escuchaba todo», recuerda a la AFP el hoy hombre de 32 años y mirada fulminante.
Los oyó precisamente cuando dieron un aviso por radioteléfono: «tuvimos un enfrentamiento con el Frente 33 de las FARC, necesitamos (…) el helicóptero'» para recoger el cuerpo. Conteniendo la respiración para no delatarse, vio a los militares acercarse y ponerle una pistola al lado.
Aprovechó entonces un descuido para deslizarse sobre el barro y escapar: «Cuando no encontraron al muerto creo que para ellos fue lo más duro, porque ya me habían reportado como muerte en combate».
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó su inusual caso durante dos audiencias en la que por primera vez diez militares retirados reconocieron y pidieron perdón por las ejecuciones de 120 civiles que presentaron como rebeldes muertos en combate entre 2007 y 2008.
Según el tribunal que surgió del acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, las tropas oficiales cometieron al menos 6.402 asesinatos en todo el país entre 2002 y 2008 para inflar sus resultados en la lucha antiguerrillera, en el escándalo de los llamados «falsos positivos».
Las víctimas eran en su mayoría campesinos y desempleados del Catatumbo o ciudades lejanas desde donde fueron traídos con engaños.
Limpiar el nombre –
Villamir Rodríguez exhibe su brazo desfigurado a la altura del tríceps. El 26 de abril, frente a las víctimas, el capitán en retiro Daladier Rivera le dijo: quiero «limpiar su nombre en totalidad» y «aclararle al mundo y al pueblo colombiano que usted nunca fue un combatiente».
Tras escapar, Rodríguez supo que la justicia lo estaba buscando por supuestamente formar parte de los rebeldes que durante décadas han operado en esta región cocalera.
«Yo elaboré unos falsos documentos» que lo inculpaban, reconoció Rivera, jefe de inteligencia del ejército en el Batallón de Infantería 15, desde donde según la JEP se planeó la cacería contra civiles.
Rodríguez, que no sabe leer, no pudo distinguir los apellidos bordados en los uniformes camuflados de quienes quisieron matarlo. Apenas recuerda sus rostros, que tampoco logró reconocer entre los victimarios que pidieron perdón.
Un general, cuatro coroneles, así como suboficiales, aceptaron su responsabilidad en los crímenes para obtener una rebaja de penas a cambio de verdad y reparación para las familias.
La JEP se apresta a dictar sentencia contra los militares y guerrilleros implicados en delitos de lesa humanidad en el marco de un conflicto de seis décadas. Las confesiones de los oficiales y sus subalternos retumbaron en la campaña para las presidenciales del 29 de mayo.
La derecha en el poder ha cuestionado la actuación de los jueces de paz por su supuesto sesgo, mientras la izquierda, favorita en las encuestas, cree que solo la JEP puede desentrañar las violaciones de derechos humanos que involucran a agentes oficiales y a rebeldes.
«Sobrecupo» –
De no haber escapado, Villamir Rodríguez seguramente hubiera terminado en el cementerio rural Las Liscas, próximo al Batallón de Infantería 15 de Ocaña.
Rodrigo Coronel, el propietario del terreno que cedió para enterrar los muertos de la zona, recuerda que fueron sepultados por lo menos 18 «falsos positivos» en fosas comunes.
Asegura que vio a algunos cuerpos de jóvenes «llenos de disparos» que llevaron «en bolsas y los tiraron ahí como animales», apenas cubiertos de tierra.
Según relataron a los jueces, los soldados llegaron a competir por dar más bajas en combate y las unidades militares con «menos resultados» eran cuestionadas por los superiores.
Los militares se ufanaban en ruedas de prensa semanales, recuerda Geovanny Mejía, entonces periodista de la televisión local TV San Jorge.
Gracias al acceso privilegiado que tenía a la morgue, con capacidad para recibir seis cadáveres, Mejía presenció una de las imágenes más crudas de los crímenes.
«En un momento habían 14 muertos (…) estaban regados en el piso, en las mesas (de autopsia) de a dos o tres cuerpos y tres o cuatro en la nevera. Había sobrecupo», recuerda.
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