Ciudad Juárez (México) (AFP) – En un cementerio de la mexicana Ciudad Juárez, rodeado de paisajes desérticos, fueron inhumados este lunes 112 cadáveres que no fueron reclamados por familiares: a veces por falta de dinero para sepultarlos, otras por miedo tras un asesinato o por ser fetos provenientes de abortos clandestinos.
Sin exequias y con un código de identificación junto al ataúd hecho de conglomerado de madera, los cuerpos fueron enterrados con la ayuda de maquinaria pesada en el cementerio de San Rafael -el más grande de la ciudad- bajo una imparable lluvia y la vigilancia de expertos en criminalística y peritos forenses enfundados en trajes blancos, guantes y cubre-bocas.
«Todos tienen su estudio fotográfico, sus estudios médicos y el perfil genético, que es muy importante por si existe una reclamación posterior por parte de sus familiares», indicó a la AFP Joselyn Guzmán, vocera de servicios periciales de la fiscalía de Chihuahua, el estado fronterizo con Estados Unidos al que pertenece Ciudad Juárez.
«La mayoría son por causas de muerte naturales, hay óbitos, suicidios, algunas muertes accidentales y otras derivadas de homicidios», comentó Guzmán.
En julio fueron enterrados otras 43 cuerpos y, actualmente, 70 más aguardan en el Semefo para ser inhumados.
Chihuahua, como muchos estados de México, es territorio disputado por violentos cárteles. En lo que va del año, solo Ciudad Juárez ha registrado 998 homicidios.
A diferencia de Ciudad de México, en Chihuahua, el aborto no es legal.
«Lo que hacemos es garantizar que en un futuro podamos acreditar la identidad de estas personas y poder retornarlas a sus seres queridos o bien que sean identificados aquí», dijo Eberth Castañón, de la dirección de servicios periciales y ciencias forenses de la fiscalía.
«Tenemos el espacio suficiente para albergar a todas las personas que se encuentran depositados como no identificados», subrayó.
México se conmocionó en septiembre cuando un camión oficial del gobierno de Jalisco, un violento estado del oeste de México, circuló por las calles de la importante ciudad de Guadalajara con 273 cadáveres sin identificar por falta de espacio para conservarlos.
Tras el escándalo, varios funcionarios fueron despedidos y los cadáveres empezaron a ser identificados e inhumados.