Austin (TX), 7 feb (EFE).- El Senado de Texas aprobó hoy un proyecto de ley que castigará con sanciones y recortes de fondos a las denominadas «ciudades santuario» de ese estado sureño a partir de su entrada en vigor, prevista para el próximo mes de agosto.
Después de seis horas de debate, el Senado aprobó la propuesta de ley con 20 votos a favor y 11 en contra, en línea con el número de senadores republicanos y demócratas, que pasa ahora a la Cámara de Representantes de Texas para seguir con el trámite legislativo.
El proyecto de ley, el SB4, busca penalizar a los gobiernos locales y a las universidades de Texas que decidan no cumplir las leyes migratorias federales para favorecer la situación de los indocumentados, protegiéndolos de la deportación.
Además, la propuesta, del senador republicano Charles Perry, permitiría que los funcionarios locales que promuevan las políticas «santuario» en los cuerpos policiales sean acusados de un crimen contra la seguridad.
Asimismo, autorizará a los agentes de la ley en Texas para que pregunten a la gente acerca de su estado migratorio y exigirá que las cárceles del estado cumplan con las solicitudes federales de Inmigración y Aduanas para extender la detención de presos sospechosos de estar ilegalmente en el país.
Estas detenciones prolongadas, que suelen durar alrededor de 48 horas, tienen como objetivo dar tiempo a las autoridades federales para que retengan a los sospechosos antes de abandonar la cárcel y, así, poder tramitar su deportación.
Los congresistas demócratas, que aseguraron que este proyecto promoverá la elaboración de perfiles raciales, habían presentado numerosas enmiendas al SB4, aunque todas fueron rechazadas por los republicanos.
El SB4 fue objeto de una audiencia de 16 horas la semana pasada antes de ser votado por el Comité de Asuntos Estatales del Senado en una votación que lo aprobó con siete votos a favor y dos en contra, también en línea con los partidos.
Más de 500 personas, buena parte de ellos indocumentados, se registraron para testificar sobre este proyecto de ley, apoyado entonces únicamente por media decena de personas, según los medios locales.
La legislación aprobada hoy fue listada el pasado 31 de enero como uno de los «elementos de emergencia» de la presente sesión legislativa por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que permite a los legisladores eludir el tradicional período de espera de 60 días para escuchar los proyectos de ley en ambas cámaras.
Abbott ya actuó a principios de este mes contra las políticas «santuario» del condado de Travis, cuya capital es Austin, dónde la sheriff Sally Hernández decidió reducir su colaboración con los agentes federales de inmigración.
De este modo, el mandatario tejano cortó la financiación estatal para Travis, lo que afecta a una partida de un millón y medio de dólares que el condado debía recibir este año de la división de justicia penal de la oficina del gobernador.