Lima (AFP) – La incertidumbre crece este jueves en Perú luego de que uno de los cuatro magistrados de la Junta Nacional Electoral (JNE) «declinó» seguir en su cargo, lo que amenaza con retrasar la proclamación del izquierdista Pedro Castillo como vencedor del balotaje presidencial.
Un grupo de políticos conservadores solicitó este jueves al presidente Francisco Sagasti que pida a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría a la reñida elección del 6 de junio, en la que Castillo superó por 44.000 votos a la derechista Keiko Fujimori según el escrutinio final, aunque falta que el JNE resuelva impugnaciones antes de proclamar un ganador.
En un intento de destrabar el impase, el JNE pidió a la Fiscalía designar un nuevo miembro de ese órgano para evitar que «se afecte la culminación del proceso electoral», tras la «declinación irrevocable» que presentara el magistrado Luis Arce el miércoles en la noche.
La decisión de Arce -quien era representante de la Fiscalía- dejó al Jurado sin quórum para seguir dirimiendo las impugnaciones y apelaciones presentadas principalmente por Fujimori.
El JNE optó por «suspender en el ejercicio del cargo» a Arce y expresó su «rechazo a las expresiones agraviantes formuladas por el renunciante», quien había afirmado en su carta de alejamiento que «todo parece estar consumado desde hace mucho tiempo atrás» en favor de Castillo.
Arce legalmente no podía renunciar mientras no finalizara el presente proceso electoral, por lo que empleó la palabra «declinar» su puesto, lo que entrampó al Jurado de cuatro miembros cuando aparentemente faltaban pocos días para que proclamara al nuevo presidente.
«Atentado frontal» –
La decisión de Arce parece en sintonía con sectores políticos que insisten en denunciar un «fraude» en perjuicio de Fujimori, aunque Estados Unidos y la propia OEA han dicho que el proceso electoral peruano fue limpio y justo.
«La ‘declinación’ del representante Luis Arce constituye un atentado frontal contra el estado de derecho que busca poner en jaque la democracia», tuiteó José Miguel Vivanco, encargado para las Américas de la ONG Human Rights Watch.
El JNE estaba avanzando lentamente en dirimir todas las solicitudes presentadas por Fujimori y había rechazado la mayoría de ellas.
El escrutinio del 100% de las mesas de sufragio, que culminó hace nueve días, dio un 50,12% a Castillo y un 49,87% a Fujimori, con una ventaja de 44.000 votos.
«Solución pacífica» –
La jefa del Poder Judicial, Elvia Barrios, llamó este jueves a encontrar una «solución pacífica» ante el nuevo obstáculo en el proceso para proclamar al nuevo presidente y advirtió contra toda «alternativa» antidemocrática.
El martes, Estados Unidos destacó en un comunicado del Departamento de Estado que las elecciones en Perú «son un modelo de democracia en la región» y dijo que apoyaba «dar tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana».
Los observadores electorales de la OEA también resaltaron que los comicios peruanos fueron limpios y sin «graves irregularidades», lo mismo que asegura el gobierno de Sagasti, quien culmina su mandato el 28 de julio.
Sin embargo, el bando de Fujimori ha seguido afirmando que hubo «fraude» y ha buscado bloquear -o al menos demorar- la proclamación del vencedor con diversas solicitudes ante el JNE, mientras militares retirados se manifiestan en las calles y han llamado a las Fuerzas Armadas a impedir que pueda asumir Castillo, a quien tildan además de «comunista».
En Perú la palabra comunista está asociada al terror causado por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (que operó entre 1980-2000), una idea que Fujimori y sus partidarios azuzaron durante la campaña.
«Precedente de Bolivia» –
La política conservadora Lourdes Flores, una de las que apoya una «auditoría internacional» a los comicios, firmó que «lo sano es zanjar este tema y encontrar una dirimencia que dé luces con el precedente latinoamericano de Bolivia».
«En el país hermano de Bolivia, cuando se constataron estas cosas y el escándalo fue mayúsculo [en las elecciones de 2019], incluso después de la proclamación, una auditoría de OEA aclaró las cosas e hizo lo que estamos pidiendo», expresó Flores.
«Queremos saber la verdad, no estamos a favor de ningún candidato (…) queremos que venga una auditoría de la OEA», dijo el legislador electo y almirante retirado Jorge Montoya, en una rueda de prensa junto a media docena de políticos, en la que anunciaron que pedirían al presidente Sagasti concretar el pedido.
El informe de auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo «manipulación dolosa», pero los observadores del organismo dijeron en su informe preliminar que en los comicios de Perú no hubo «graves irregularidades» y respaldaron la labor de los órganos electorales peruanos.
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