San Salvador (AFP) – «Hemos pedido que paguen con cárcel los militares que ordenaron la cruel masacre de El Mozote», dice Rosario López, cuyos familiares se cuentan entre las casi 1.000 personas ejecutadas hace 39 años durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).
López tiene 73 años, y perdió a 24 miembros de su familia en esa matanza. Han pasado casi cuatro décadas y «la justicia nunca la vemos», dice a la AFP.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército, entrenado por Estados Unidos, ejecutaron, según cifras oficiales, a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes, en el noreste de El Salvador.
¿El motivo? Sospechas de que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona, pues sus viviendas fueron quemadas.
En aquella fatídica noche del 11 de diciembre de 1981, López perdió a sus padres Ismael López y Francisca Sánchez, dos hermanas y 20 sobrinos.
«Es duro estar a 39 años de esa cruel masacre (…) esas heridas nunca sanarán, siempre siguen sangrando, mientras no haya justicia no vamos a sentir paz en nuestros corazones», confiesa López con voz quebrantada.
Días posteriores a la masacre, la población regresó para sepultar en fosas comunes a las víctimas, y una vez finalizada la guerra en 1992, un equipo argentino de antropología forense realizó las exhumaciones para ser entregadas las osamentas a sus familiares.
La mujer, que esperó 27 años para recuperar los restos de su familia para sepultarlos, relató que se salvó junto a su pareja huyendo al monte y ocultándose en cuevas.
López fue una de las testigos de la masacre que en abril de 2012 viajó a Ecuador para dar su testimonio, en un proceso abierto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en ese mismo año condenó al Estado salvadoreño y le ordenó medidas de reparación.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), José María Tojeira, instó a los salvadoreños a sumarse al «clamor popular» para que se juzgue la masacre, porque «solo la justicia y la verdad pueden reparar una brutalidad tan impresionante».
Sin acceso a archivos –
El presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Óscar Leonel Tobar, de 42 años, lamentó que el ejército salvadoreño se haya negado a entregar archivos de la masacre al juez que ve el caso en un tribunal de la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de Morazán (noreste).
En ese tribunal figuran como imputados 16 militares implicados, acusados de 13 delitos.
«Hemos escuchado que es una nueva fuerza armada, pero su actitud sigue siendo la misma. Protegidos por el Estado, no permiten abrir los archivos», lamentó Tobar.
Desde septiembre pasado, el juez Jorge Guzmán se presentó a seis cuarteles en busca de información de la matanza, pero le fue negada.
Para evitar entregar la información requerida por el juez, el Ministerio de la Defensa interpuso un recurso que la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente y le advirtió que «obstaculizar la diligencia judicial podría ser constitutiva de delito».
El 27 de octubre, el ejército de El Salvador entregó información seleccionada de la masacre al juez, pero según los abogados defensores es «intrascendente».
Tobar insiste en el pedido de «justicia» y que se abran los archivos militares, tras recordar que en su caso perdió a su hermana de 12 años, a sus abuelos y otros 25 familiares.
-Mantienen la impunidad-
El abogado defensor de las víctimas, Wilfredo Medrano, declaró a la AFP que los militares «optaron por mantener la impunidad» de la masacre, pero se declaró confiado en que el juicio de El Mozote, que tiene «abundante prueba científica», testimonial y documental, entre en su fase final en 2021.
Durante 35 años la matanza permaneció en la impunidad hasta que en julio de 2016, la Corte de Justicia salvadoreña declaró inconstitucional la amnistía que había perdonado en 1993 las atrocidades de la guerra civil que dejó más de 75.000 muertos.
En 1993, una comisión creada por la ONU para investigar crímenes de la guerra culpó de la masacre a un grupo de militares, en el que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia.
Monterrosa y Azmitia murieron el 23 de octubre de 1984 al caer el helicóptero en el que viajaban, a cinco kilómetros de El Mozote, derribado por la guerrilla.
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