Managua (AFP) – El ambiente en la Universidad Politécnica es tenso. Como a varias otras entidades educativas privadas críticas del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, le retiraron su derecho a operar. Embargados por la incertidumbre, sus alumnos sufren un atentado contra la libertad de pensamiento, dicen organismos de derechos humanos.
«La situación de los centros afectados por la medida es confusa, porque legalmente les quitan el derecho a operar. Pero luego pasan al control del CNU [Consejo Nacional de Universidades], con lo que parece más una expropiación», explicó a la AFP la vicepresidenta de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Dolly Mora.
Esta semana, a través del Congreso, controlado por el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se retiró la personería jurídica a cinco universidades, entre ellas la Politécnica (UPOLI), cuna de las protestas estudiantiles contra el gobierno de Daniel Ortega en el 2018.
Esas manifestaciones desencadenaron una crisis donde murieron 355 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para el gobierno, fue un intento de golpe de Estado.
Entre las afectadas por la decisión del Parlamento, adoptada tras una solicitud del gobierno de Ortega, están la Popular de Nicaragua (Uponic) o la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH).
En tanto, el ministerio de Gobernación (Mingob) también canceló el permiso de operación a otras siete universidades de origen extranjero, algunas de las cuales ya no registran actividad en el país.
En diciembre el Congreso ya había aplicado similar medida con la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), que pasó a ser controlada por el CNU, luego de que se retiraran todos sus emblemas del local.
«Incumplieron las leyes» –
Según el Mingob, «incumplieron las leyes» al no reportar sus estados financieros ni dar cuenta del origen de sus fondos.
Pero para la jurista María Asunción Moreno, lo ocurrido transgrede la Constitución y atenta contra la autonomía de las universidades, «que son un espacio de libertad, debate de ideas y creación del pensamiento crítico».
«Es parte de un proceso de consolidación del modelo autoritario de Ortega y (su esposa y vicepresidenta, Rosario) Murillo», apuntó Moreno.
En el poder desde 2007, el exguerrilero Ortega califica a sus opositores de «mercenarios» y traidores a la patria.
El año pasado, 46 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, fueron detenidos antes de las elecciones donde Ortega obtuvo su cuarta elección consecutiva. Desde el 1 de febrero se ha enjuiciado y sentenciado por conspiración a algunos de ellos.
Según dijo el periodista sandinista William Grigsby en su programa radial, las universidades sancionadas «eran fachada de la intromisión europea y norteamericana» en el país.
«Tierra arrasada» –
Afuera de varias universidades, localizadas en la capital nicaragüense y en los departamentos Estelí (norte) y Carazo (suroeste), llegaron discretos contingentes policiales, sin impedir el acceso. Las clases generales deben empezar en marzo.
Según el CNU, órgano rector de la educación superior, los estudiantes afectados podrán seguir en los mismos locales, que deberán ser asumidos por otra administración o nombre.
Desde Alemania, donde está exiliado, el catedrático Ernesto Medina confesó al medio digital 100% Noticias temer que las universidades bajo la jurisdicción del CNU sean «cuarteles» donde los estudiantes van a ser «domesticados».
Mientras que para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), «el régimen Ortega-Murillo continúa su estrategia de exterminio generalizado», lo que en épocas de la dictadura de la disnatía Somoza (1936-1979), aquella a la que Ortega ayudó a derrocar, se llamó «tierra arrasada».
Es una «violación al derecho a la educación y a la libertad de pensamiento», agregó.
La decisión del Parlamento «tiene cierto sentido de venganza» contra quienes se manifestaron contra el gobierno, aunque la intención principal es instalar un sistema «con una sola voz y control social en todos los ámbitos», señaló a la AFP el exdiputado y analista Eliseo Núñez.
El viernes, Adrián Meza, rector de la sancionada Universidad Paulo Freire, informó a la plataforma Nicaragua Actual que se exilió en Costa Rica.
Preocupación –
El académico Carlos Tunnermann advirtió que muchos jóvenes quedarán excluidos. Una característica de las universidades afectadas es que atendían a sectores que no pueden pagar altos aranceles. En el país existen unas 50 universidades, entre públicas y privadas.
«Me preocupa qué va a pasar con mi beca. Si me la quitan no puedo seguir estudiando porque vivo con mi abuelita y no puede pagarme los estudios», contó a la AFP Gretel Castillo, de 18 años, estudiante de segundo año de Banca y Finanzas en la Upoli.
Para Favor Avendaño, rector de la también ilegalizada UNEH, «lo más importante son los estudiantes. Si tenemos que conversar con el CNU lo vamos a hacer. Que cada estudiante siga sus estudios».
