Caracas (AFP) – La muerte de un militar arrestado en Venezuela por un presunto plan para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro desató una ola de rechazo internacional y llamados a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a investigar el caso.
Estados Unidos, el Grupo de Lima -14 países de América críticos con Maduro- y la Unión Europea rechazaron este domingo el fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, la madrugada del sábado, respaldando a dirigentes opositores venezolanos, familiares del oficial y organizaciones de derechos humanos que denunciaron «salvajes torturas».
Washington «condena el asesinato y la tortura» de Acosta «bajo la custodia de los matones de Maduro», señaló un comunicado del Departamento de Estado, que pidió a las «democracias del mundo» unirse para presionar al gobierno socialista. «Este acto de barbarie nos debe llevar a la acción», indicó el texto.
John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, responsabilizó a la dirección de contrainteligencia militar venezolana (DGCIM).
Antes, en una declaración conjunta, el Grupo de Lima urgió a «actuar sin dilación» a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sumándose a un pedido del Parlamento local, de mayoría opositora.
La Unión Europea también pidió «una investigación completa e independiente», considerando que el hecho demuestra «falta de garantías» a los derechos de los detenidos.
Acosta murió «torturado salvaje y brutalmente», expresó en un video en redes sociales Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.
Según activistas de derechos humanos, el capitán había sido presentado el viernes ante tribunales en una silla de ruedas con «graves signos de torturas».
El ministerio de Defensa apuntó este domingo en un comunicado que Acosta «se desmayó» durante la audiencia y que el juez ordenó trasladarlo al hospital militar de Caracas, donde falleció. No mencionó «torturas».
– «Investigación urgente» –
Acosta fue detenido el 21 de junio, acusado de planificar un «golpe de Estado» finalmente abortado. Bachelet estaba de visita en Venezuela, donde instó a liberar a opositores presos.
Confirmando la muerte del oficial, el fiscal general venezolano, el oficialista Tarek William Saab, anunció una investigación «exhaustiva» sin hacer referencia a las denuncias de torturas.
El Parlamento pidió este domingo a Bachelet una investigación «urgente» de Naciones Unidas. Solicitó igualmente la actuación de otros organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
El Legislativo, cuyas funciones fueron asumidas en la práctica por la 100% oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país, abogó por «un equipo forense» internacional y la «verificación del estado de salud» de todos los militares encarcelados por acusaciones de conspiración.
La ONG Foro Penal sostiene que en Venezuela hay unos 800 «presos políticos», un centenar de ellos militares.
– ¿Diálogo? –
La recrudecida tensión coincide con la posibilidad de que delegados de Maduro y Guaidó reanuden conversaciones para solucionar la crisis política, tras un fallido contacto cara a cara en Oslo, en mayo, con mediación de Noruega.
El pasado viernes, Maduro dijo que los contactos continuarían: «El diálogo con los noruegos sí va».
Guaidó, quien convocó protestas para el próximo viernes, no ha respondido, pero el diputado Stalin González, uno de sus negociadores, declaró en una entrevista transmitida este domingo por la televisora privada Televén que «la falta de confianza de ambos lados» impide «avanzar».
La muerte de Acosta se une a otras de opositores arrestados, ocurridas en los últimos meses.
El concejal Fernando Albán murió el pasado 8 de octubre tras caer desde el décimo piso de la dirección del Servicio de Inteligencia. El gobierno asegura que se suicidó, pero la oposición denuncia que fue arrojado tras fallecer torturado en un interrogatorio.
Un líder sindical, Ángel Sequera, murió estrangulado por otros presos en el estado Bolívar (sur), según la Fiscalía.
