Santo Domingo (AFP) – Ivanna Molina acampa frente al Palacio de Gobierno de República Dominicana desde hace 10 días junto a un centenar de activistas que, como ella, esperan una relajación de la estricta ley antiaborto que castiga con cárcel la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.
La Cámara de Diputados discute desde este martes si se incluyen en una reforma del Código Penal de 1884 las tres causales en las que un aborto sería legal: cuando el embarazo es producto del incesto o violación, de riesgo de vida de la madre, o que el feto tenga una malformación incompatible con la vida.
El texto actual prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres que aborten, y de hasta 20 años para quienes los practiquen, aunque son raros los casos judiciales que se abren por esta causa.
Los legisladores contemplan también la posibilidad de abordar el asunto en una ley aparte.
«Estamos cansadas de esperar, estamos cansadas de que los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas se pongan en juego, se posterguen, se dilaten», dijo a la AFP Molina, que además de activista es abogada. «Decidimos que este es el momento en que ya no se puede esperar más, el Código Penal está en discusión ahora».
Una veintena de tiendas de campaña se alinean frente a la sede del Ejecutivo. Las activistas visten el verde característico del movimiento en Argentina, el mayor país de América Latina en permitir incondicionalmente el aborto hasta las 14 semanas de gestación.
Es legal además en Cuba, Uruguay y Guyana.
«Una democracia moderna no puede condenar a muerte a mujeres que eligen vivir», dice una pancarta colocada en una verja. «Vida, salud y dignidad», se lee en otra.
A pocas cuadras, frente al Congreso Nacional, grupos católicos y evangélicos se concentran cada día para tratar de evitar la despenalización.
«Las mujeres merecen algo mejor que abortar a sus hijos», se lee en un cartel que un hombre sostiene junto a un gigantesco rosario. «Oramos por el fin del aborto», dice otro.
«Derechos y dignidad» –
Cerca de 90.000 abortos se practican al año en el país «de forma clandestina y en la mayoría de ocasiones en condiciones insalubres», dijo Rafael Mena, presidente de la asociación de hospitales privados.
Y entre 10 y 12 pacientes son atendidas diariamente en la red de salud pública dominicana por abortos incompletos, cuyas complicaciones pueden derivar en la muerte, según cifras oficiales.
Pero el aborto ha sido la gran piedra de tranca para la reforma al Código, que se plantea desde 1990. En 2014, el entonces presidente Danilo Medina la vetó precisamente por no incluir estas tres causales.
El actual mandatario, Luis Abinader, se ha mostrado también favorable al cambio en la ley, aunque el camino es largo antes de llegar a su despacho.
Su ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo a la AFP que las tres causales es «lo mínimo que debe concederle un estado democrático y de derecho a las mujeres». «Representan también un tema de derechos y de dignidad».
Pero la mayoría en la Congreso ya parece estar en contra.
Jesús Ogando, del partido en el poder (PRM) y mayoría en la cámara, aseguró que 110 de los 190 diputados «están a favor de la vida» y no apoyarían una reforma del Código Penal que incluya las tres causales.
La Iglesia católica ha insistido en que la despenalización es «inaceptable», dijo a la AFP Fausto Burgos, obispo auxiliar de Santo Domingo, asegurando que la institución es «un referente moral para la sociedad».
«Penalizar el aborto, no salva ninguna vida», subrayó por su parte la ginecobstetra Lilliam Fondeur. «El feto o el embrión muere, la mujer muere… no estamos salvando vidas, estamos matando mujeres a la hora de penalizar el aborto».
El Estado dominicano enfrenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Rosa Hernández, que perdió a su hija de 16 años luego que, según denuncia, le negaran el tratamiento para una leucemia porque estaba embarazada.
«No le daban medicamentos ni tratamientos», criticó. «Como si el embarazo se iba a salvar con ella muerta».
