Managua (AFP) – La alianza opositora de Nicaragua aseguró este martes que la represión a las protestas, a la libertad de prensa y la negativa de liberar todos los «presos políticos» impiden retomar el diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para buscar salida a la crisis que vive el país.
«No hay condiciones para continuar la negociación» con el gobierno, declaró la abogada Azáhalea Solís, de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en rueda de prensa.
La oposición paralizó el lunes las negociaciones que sostenían con la comitiva oficial desde el 27 de febrero, en protesta por la violenta represión policial del sábado contra manifestantes y periodistas, que dejó más de 100 detenidos que luego fueron liberados.
La delegación de la ACJD se presentó este martes a la sede de las conversaciones, en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de la capital, pero no se reunió con el gobierno.
«Se pidió al enviado de la OEA (Luis Ángel Rosadilla) y al nuncio (Stanislaw Sommertag) que sirvan de facilitadores para que el gobierno dé muestras de voluntad» de alcanzar acuerdos, explicó Solís.
Señaló que su demanda «está íntimamente ligada con la libertad» de centenares de personas detenidas por participar en las protestas que estallaron en abril pasado contra el gobierno.
– Gobierno en silencio –
Piden, además, la libertad absoluta de los 150 opositores que fueron beneficiados el último mes con casa por cárcel, cuyos juicios y condenas siguen vigentes y sus domicilios son asediados por la policía.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró en Twitter que para que el diálogo avance «de buena fe» se debe liberar a todos los «presos políticos» identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno no se pronunció este martes sobre el nuevo impasse que afecta las negociaciones, iniciadas en medio de una fuerte presión internacional sobre el gobierno de Ortega.
Nicaragua vive una profunda crisis desde hace 11 meses, cuando estallaron las protestas contra la administración de Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna el país desde hace 12 años bajo acusaciones de corrupción por parte de la oposición.
Las manifestaciones habían comenzado contra una reforma al seguro social y se transformaron luego en una demanda de salida de Ortega a causa de la represión, que dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.
– Empresarios cuestionan –
Los empresarios, que tienen un peso importante en la alianza opositora, consideraron que la represión del sábado demostró una «falta de voluntad política» del gobierno para dialogar.
«Nos encontramos ante un estado policial que no permite el ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales de todos los nicaragüenses», reprochó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en un comunicado.
La oposición anunció la agenda que proponen discutir con el gobierno cuando se reanuden las conversaciones, en la que sobresale la petición de adelantar los comicios de 2021, punto de conflicto con Ortega, quien ha dicho que no está dispuesto a recortar su tercer mandato sucesivo.
La alianza pide también una reforma que garantice «procesos electorales libres, justos, transparentes y observados».
Exige hacer justicia «verdadera» a las víctimas de la represión, y castigar a los grupos paramilitares a los que atribuye participación en las muertes ocurridas en las protestas.
Proponen también adoptar las recomendaciones de la CIDH de mayo pasado, entre ellas que el gobierno respete el derecho a la protesta.
Ortega, por su lado, ha propuesto hasta ahora negociar una reforma electoral con el acompañamiento de la OEA de cara a los comicios de 2021 y hacer gestiones para que cesen las sanciones económicas internacionales al país.
Ofrece, además, excarcelar a los opositores que no han sido juzgados y revisar los expedientes de los ya condenados.
Los opositores presos son acusados en su mayoría de terrorismo y otros delitos al amparo de una cuestionada ley aprobada el año pasado, que criminalizó las protestas con hasta 20 años de prisión.
Los procesos son llevados por jueces afines al gobierno, como parte del control que el partido de Ortega ejerce sobre el aparato estatal, según la oposición.
