Managua (AFP) – El magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua Rafael Solís renunció a su cargo de forma «irrevocable», según una carta en la que acusa al presidente Daniel Ortega de sembrar «un estado de Terror», y que trascendió este jueves.
«Presento mi renuncia inmediata, e irrevocable a partir de este momento a mi cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», expuso Solís en la misiva a Ortega, a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y al titular del parlamento, Gustavo Porras.
Solís, considerado uno de los hombres de confianza y del círculo de poder de Ortega, habría confirmado la veracidad de la carta al diario La Prensa y a Confidencial. AFP intentó comunicarse con el juez, pero no obtuvo respuesta a sus llamados.
El magistrado, que integra el máximo tribunal del país desde más de 10 años, estaba próximo a finalizar su período en tres meses y, según dijo, adelantó su renuncia para evitar ser reelecto. Es el primer alto cargo en ofrecer su renuncia en medio de la crisis política que afecta al país desde hace casi nueve meses.
Solís acusa a Ortega y Murillo de imponer «un Estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete».
El juez sandinista consideró que eso son «consecuencias inevitables» de la instalación y consolidación de una dictadura «con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los Poderes de Estado», incluyendo el mismo poder judicial, reducido a su más mínima expresión.
La renuncia de Solís, es extensiva a «todos los cargos políticos incluida la militancia en el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)».
En la misiva, con fecha 8 de enero, Solís expone que esperó nueve meses desde el inicio de la crisis por una solución dialogada y una rectificación de errores, pero que nada de eso ocurrió, y al contrario «el gobierno fue endureciendo sus posiciones hasta llevarnos a un aislamiento internacional casi total».
Nicaragua está sumida en una crisis política desde que estallaron protestas antigubernamentales en abril pasado que luego derivaron en un movimiento para reclamar la renuncia de Ortega. Grupos humanitarios calculan que más de 320 nicaragüenses murieron a causa de la represión, mientras que el gobierno reconoció sólo 198 víctimas fatales
Las muertes en las protestas «pueden ser más o menos 325 (…) en circunstancias que en algunos casos pueden ser asesinatos», dijo Solís, citando a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
Solis, quien no aclaró si está en Nicaragua al momento publicar la carta, asegura que no desea una guerra civil pero que Ortega y Murillo «van por ese camino» y anticipó que si el Ejército no desarma a los grupos paramilitares, es de esperar que grupos de oposición busquen el recurso de las armas.
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