San José (AFP) – Una red clandestina de unas 200 personas vigila la situación de los derechos humanos en Nicaragua, tras el cierre o expulsión de las organizaciones locales e internacionales, dijo un activista exiliado en Costa Rica.
Alvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) dijo a AFP que su país vive una crisis de represión y abusos que se ve reflejada en el cierre de organismos de defensa de los derechos fundamentales y ataques a la prensa de parte del gobierno de Daniel Ortega.
Ante ello, el trabajo de defensa de los derechos humanos se hace en todo el territorio nicaragüense de manera clandestina.
«Volvimos a una promoción y defensa de los derechos humanos de catacumbas, como cuando el cristianismo tuvo que protegerse del imperio que perseguía y asesinaba por ejercer una acción humanitaria y social», declaró Leiva a AFP.
La organización cuenta con un centro de monitoreo y una red de observadores que operan en la clandestinidad, debido a que el trabajo de defensa de los derechos se convirtió en una actividad de riesgo en Nicaragua, explicó.
«Tenemos más de 200 defensores de derechos humanos trabajando en clandestinidad. Esto indica que no hay una normalidad en cuanto a los derechos humanos», señaló Leiva, quien salió de Nicaragua en agosto del año pasado y se radicó en Costa Rica, ante las amenazas que enfrentó del gobierno de Ortega.
Tan solo el 7 de enero pasado, ocho opositores fueron condenados a penas de hasta 47 años de prisión por «terrorismo» y otros delitos debido a su participación en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Entre las personas que también han tenido que abandonar el país está el periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico del gobierno, quien hace unos días se refugió en Costa Rica alegando «amenazas extremas» en su contra. Otros 55 comunicadores han salido de Nicaragua por los mismos motivos.
La crisis política estalló el 18 de abril de 2018 con las protestas antigubernamentales, iniciadas por una fallida reforma a la seguridad social, y se transformaron en un llamado a la salida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
– Represión desmedida –
Leiva recordó que en los últimos meses, con la complicidad del parlamento, el gobierno de Ortega ha cancelado la personería jurídica a los organismos independientes de derechos humanos y ha arremetido contra los medios de prensa críticos de su administración.
También forzó la salida del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Datos recopilados por la ANPDH indican que desde el inicio de las protestas se han registrado 561 muertes, una cifra superior a la de otros organismos de derechos, que citan al menos 325 muertos.
Dijo que la represión ha dejado 4.578 heridos de distinta gravedad, y 1.336 secuestrados, desaparecidos y detenidos.
«Lo que está ocurriendo es una represión desmedida contra el ciudadano que toma la iniciativa de protestar y manifestarse pacíficamente», sostuvo Leiva.
Para salir de la crisis, el activista planteó la necesidad de un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad, mediado por la Iglesia católica, y la instalación de un gobierno de transición que sustituya al de Ortega.
«Daniel Ortega tiene que entender que su tiempo ha concluido y que no tiene más opción que crear las condiciones para la transición del poder», sostuvo Leiva.
Advirtió que sin una transición a corto plazo, Nicaragua se podría encaminar a una salida bélica a su crisis.
«Cuando se le cercenan los espacios a un ciudadano que demanda respeto de sus derechos humanos, y en cambio se le da represión y encarcelamiento, nuestra sociedad se encaminaría a una salida bélica, que nadie desea», advirtió.
