San Juan Ostuncalco (Guatemala) (AFP) – Justicia y castigo fue el clamor este viernes de familiares y vecinos en el velorio de Claudia Gómez, una inmigrante guatemalteca de 19 años abatida la semana pasada de un disparo por un oficial de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
El cuerpo de la joven fue entregado el jueves a sus padres en el aeropuerto de la capital y recibido por cientos de pobladores en un salón del pueblo indígena maya-mam de San Juan Ostuncalco, 115 km al oeste de Ciudad de Guatemala.
Este viernes, los restos de la emigrante guatemalteca son velados en su natal aldea La Unión Los Mendoza y el entierro será el mediodía del sábado.
«Quiero que el que hizo eso pague y sienta el dolor como yo lo estoy sintiendo», dijo a la AFP Gilberto Gómez, padre de la joven.
En la casa de los Gómez, familiares, vecinos y amigos hacen largas filas para entrar a una pequeña habitación donde se encuentran los restos de la joven, muerta de un disparo en la cabeza en la localidad de Rio Bravo, Texas, colindante con México, según el informe de los bomberos.
Coronas de flores y una manta con fotografías de la joven rodean el féretro.
Claudia formaba parte de un grupo de inmigrantes indocumentados interceptado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos el pasado 23 de mayo.
De acuerdo con un informe de la dependencia estadounidense proporcionado a la AFP, el agente -con 15 años de experiencia- respondió a «un reporte de actividad criminal» alrededor de un desagüe en el poblado fronterizo.
«Según el agente, el grupo ignoró la orden (de lanzarse al piso) y en su lugar lo atacaron. El agente descargó una ronda [de disparos] de su arma de servicio, impactando a un miembro del grupo. El resto huyó», precisó el reporte.
«Yo quiero justicia, quiero que se haga justicia. Quiere que esto no quede impune», agregó el padre de Claudia.
Otro grupo de mujeres preparaba los alimentos para recibir a la pequeña multitud que desfila por la vivienda construida de concreto, similar a otras casas de la comunidad, erigidas con las remesas que envían varios de los pobladores que emigraron a Estados Unidos.
«Para mí es un crimen de estado de Estados Unidos», señaló en tono molesto Cristian Méndez, primo de Claudia, al acusar al gobierno estadounidense de encubrir al oficial que disparó.
Hilda Castillo, vecina de la familia, exigió «que se haga justicia porque no es nada más de matar y ya se acabó todo».