Washington (AFP) – Las críticas al presidente Donald Trump y los pedidos de residencia permanente en Estados Unidos arreciaban el martes por la terminación del permiso TPS para unos 59.000 inmigrantes haitianos, otorgado tras el terremoto de 2010 en el país caribeño.
«Re-si-den-cia», reclamaban haitianos al manifestarse contra la decisión anunciada el lunes por el gobierno, que otorgó hasta julio de 2019 a los beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para solucionar su situación migratoria o regresar a casa.
Unas 300 personas protestaban en las inmediaciones de Club Mar-a-Lago de Trump en West Palm Beach, donde el presidente era esperado este martes para pasar las vacaciones del Día de Acción de Gracias.
«Vamos a pelear», aseguró Myrtha Abraham, una empleada de hotel de 38 años que vive legalmente en Estados Unidos gracias al TPS, un programa humanitario de estadía limitada para ciudadanos de países devastados por desastres naturales o conflictos armados.
Para Marleine Bastien, directora de FANM, la principal organización de la diáspora haitiana, concentrada en Florida, es claro que en Haití no están dadas las condiciones para un retorno seguro, como afirma el gobierno de Trump.
Todavía hay desplazados del sismo de 2010 que mató más de 200.000 personas, y del huracán Matthew, que golpeó la isla el año pasado. Los huracanes Irma y María provocaron más daños hace apenas unos meses. La epidemia de cólera dejó 1,2 millones de personas afectadas y aún falta infraestructura de acceso a agua potable. Y además, hay «alta inestabilidad política», ennumeró.
«Estados Unidos sabe que Haití no está listo. Quieren deportar a los haitianos para que mueran allí», aseguró Bastien.
– «Oportunidad» –
En Puerto Príncipe, la noticia era recibida con nerviosismo, aunque algunos lo veían como una «oportunidad».
«Sabíamos que este programa era temporal: la solución permanente requiere un cambio en la ley estadounidense», dijo Paul Altidor, embajador de Haití en Estados Unidos, a una radio local.
Según Wendi Walsh, del sindicato Unite Here y una de las organizadoras de la marcha en West Palm Beach, es más que evidente la necesidad de una solución definitiva para los beneficiarios del TPS. «Esta gente tiene trabajos, casas, hijos estadounidenses…», comentó a la AFP.
El demócrata Ben Cardin, de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presentó una iniciativa apoyada por otros dos legisladores. Su SECURE Act permite solicitar la residencia permanente a los beneficiarios del TPS cuyos países sigan siendo lugares inseguros.
Este «proyecto de ley está alineado con los valores de Estados Unidos», dijo.
Otros legisladores opositores y oficialistas deploraron la decisión del gobierno.
Es «desmesurada», tuiteó el senador demócrata por Florida, Bill Nelson. «Necesitamos una solución legislativa permanente», escribió.
Mario Díaz-Balart, un congresista republicano de Miami, coincidió. «Obligarlos a abandonar Estados Unidos sería perjudicial. Casi ocho años después, Haití permanece en total caos y aún requiere mucha reconstrucción», dijo.
El TPS beneficia a más de 300.000 personas de una decena de países, la mayoría centroamericanos. Hace dos semanas el gobierno de Trump anunció el fin del programa para Nicaragua y dijo que «es posible» que Honduras pierda también su designación, que fue prorrogada hasta julio de 2018. En enero debe pronunciarse sobre el futuro de unos 195.000 salvadoreños.
– Canadá se prepara –
Los haitianos y sus partidarios también se manifestaron en Nueva York, advirtiendo que la decisión pude llevar a la separación de las familias. Se estima que los beneficiarios del TPS de Haití son padres de unos 27.000 niños nacidos en Estados Unidos.
Miles de haitianos viajaron en los últimos meses a la frontera con Canadá para pedir asilo en ese país.
«Estamos preparados para todos los escenarios imaginables», dijo el ministro canadiense de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale.
Trump, que ganó las elecciones hace un año con un duro discurso anti-inmigrante, pregona medidas enérgicas contra los extranjeros que pretenden vivir en Estados Unidos, tanto legal como ilegalmente, aduciendo que ha aumentado la delincuencia y representan una amenaza para la seguridad.
Así, el gobierno ha amenazado con recortar fondos a las ciudades y estados declarados «santuarios», donde las autoridades se niegan a identificar a los indocumentados ante el gobierno federal para su deportación.
A principios de noviembre, el Departamento de Justicia advirtió a California que perdería millones de dólares en fondos federales si seguía protegiendo a los inmigrantes ilegales. La semana pasada la misma advertencia fue hecha a 29 ciudades, condados y estados «santuarios».
En respuesta, el lunes por la noche un juez federal de San Francisco dictaminó que la administración Trump no podía cumplir sus amenazas, calificándola de inconstitucional y estableciendo un posible enfrentamiento en la Corte Suprema de Justicia.
