París (AFP) – La comunidad internacional está llamada este año a actuar para frenar la pérdida galopante de biodiversidad, pero sus planes de preservación han puesto en alerta a los pueblos indígenas, que temen que estos socaven sus derechos.

La COP15 de la ONU en Kunming (China), que se celebrará en principio en el segundo semestre tras ser pospuesta en 2020 debido a la pandemia, presentará un nuevo plan en el que unos 200 países podrían comprometerse a proteger el 30% de los espacios naturales del planeta en 2030.

Esta iniciativa, llamada 30×30, es impulsada especialmente por la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas (HAC), cofundada por Costa Rica y lanzada oficialmente el lunes en París por más de 50 países.

Pero el peso de la experiencia ha puesto en alerta a los pueblos indígenas, que recuerdan por ejemplo cómo fueron expulsados de algunas tierras debido a la creación de parques nacionales.

Así, cuando se amplió el Parque Nacional de Kahuzi-Biega en el este de República Democrática del Congo en 1975, la comunidad Mbuti perdió más que el acceso al bosque.

«Ya no tenemos plantas medicinales», indica Diel Mochire, director regional del Programa Integrado para el Desarrollo del pueblo pigmeo. «Nuestra dieta cambió. En el bosque, teníamos fácilmente acceso a los recursos, ahora tenemos que comprarlo todo».

«Al fijarse un objetivo, sin los estándares adecuados ni mecanismos de rendición de cuentas», la 15ª Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) «podría desatar una nueva ola colonialista de apropiación de tierras que afectaría a millones de personas», según Andy White, coordinador de la ONG Rights and Resources Initiative.

«A la hora de aumentar los porcentajes (…) se atenta contra los derechos de los pueblos indígenas si no se reconocen su participación y su consentimiento previo», coincidió en una videoconferencia en diciembre Ramiro Batzin, director de la asociación indígena Sotz’il de Guatemala.

– Modelo dominante –

White explica que las primeras expulsiones llevadas a cabo en nombre de la conservación de los espacios naturales fechan del siglo XIX, cuando el gobierno de Estados Unidos expulsó violentamente a los nativos de lo que acabó convirtiéndose en los parques nacionales de Yellowstone y Yosemite.

«Este modelo se exportó a todo el mundo» y sigue siendo dominante, afirma.

Su organización de defensa de los pueblos indígenas estima que unos 136 millones de personas fueron desplazadas en el mundo debido a la creación de zonas protegidas, que cubren unos 8,5 millones de km2.

Calcula además que más de 1.600 millones de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente por la iniciativa 30×30.

Paralelamente, un informe de la ONU de 2016 concluyó que algunas de las mayores organizaciones medioambientales había violado los derechos de los indígenas al apoyar proyectos que suscitaban la expulsión de sus tierras.

Incluso una investigación de 2019 del medio Buzzfeed implicó al Fondo Natural para la Naturaleza (WWF) en una serie de violaciones de derechos graves — incluido tortura y asesinato — perpetradas por unidades de lucha contra la caza furtiva en parques nacionales de Asia y África.

Una auditoría independiente publicada en noviembre exculpó a todos los miembros de su personal, pero estimó que WWF debería «ser más transparente». La organización prometió hacer mayores esfuerzos en este sentido.

– Menos pérdida de biodiversidad –

Por otro lado, los esfuerzos para proteger y restablecer los espacios naturales a escala global fracasaron hasta ahora de forma espectacular.

Un informe clave de los expertos de la ONU sobre biodiversidad (IPBES) advirtió en 2019 que un millón de especies corren riesgo de extinción, a la vez que destacó que el saber de los indígenas representaba un atisbo de esperanza. 

Estos viven o se ocupan de al menos el 25% de las tierras en el mundo y estos lugares «tienden a sufrir menos pérdida de biodiversidad», indica a la AFP Pamela McElwee, coautora del informe.

Así, los bosques gestionados por indígenas almacenan de forma más eficaz el carbono y sufren menos incendios que muchas «áreas protegidas» controladas por empresas mediante concesiones, indican varios estudios.

Además, las compañías que se encargan de bosques bajo el REDD+, un mecanismo financiero aprobado por la ONU para luchar contra la deforestación, muy a menudo socavan los derechos de quienes viven en estas zonas, según los mismos.

Los pueblos indígenas «son atacados de forma desproporcionada cuando defienden sus derechos y territorios», dijo en julio la organización Global Witness. 

Según su informe anual, 212 activistas medioambientales, de los cuales casi la mitad eran indígenas, fueron asesinados en el mundo en 2019.

– De la teoría a la práctica –

Desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) hasta WWF, las grandes organizaciones medioambientales defienden la importancia de los pueblos indígenas en la conservación de los espacios naturales.

Por su parte, Basile van Havre, copresidente del Convenio sobre la Diversidad Biológica, asegura que esta «da amplia cabida» a estos pueblos y la HAC anunció el lunes el establecimiento de una «task force» para tener en cuenta «las preocupaciones de los indígenas» y «promover su saber en las negociaciones».

Pero los líderes indígenas esperan acciones concretas.

«La mayoría de organizaciones medioambientales han perfeccionado el arte de las relaciones públicas», afirma Peter Kitelo, un ingeniero de telecomunicaciones, de 45 años, de la comunidad Ogiek, en Kenia.

Además del 30×30, el borrador del acuerdo de la COP15 defiende poner en marcha otras medidas de preservación eficaces, que podrían incluir una gobernanza indígena.

«Estamos presentando propuestas al gobierno» sobre cómo proteger los espacios naturales sin «perjudicar a las comunidades», según Mochire.

Para White, es igualmente importante que el futuro acuerdo prevea mecanismos para impedir las violaciones de derechos humanos de estos pueblos a la hora de extender las zonas protegidas. 

«En muchos casos, estos grupos no pueden dirigirse a sus propios gobiernos cuando son objeto de abusos por parte del parque nacional, por lo que deben poder recurrir a la escena internacional», defiende.

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