Quito (AFP) – El Parlamento de Ecuador controlado por la oposición aprobó un proyecto de ley saludado este martes por el presidente conservador Guillermo Lasso que regula por primera vez el uso de la fuerza por las autoridades en medio de una ola de motines carcelarios y violencia del narcotráfico.
«Necesitábamos esa ley. Nuestra fuerza pública la necesitaba. Nuestros ciudadanos la requerían urgente. Ahora sí y más que nunca #UnidosContraLosViolentos», dijo a través de Twitter el mandatario, quien se encuentra participando en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles.
Con una holgada mayoría de 104 votos, la Asamblea Nacional aprobó el martes, en segundo y definitivo debate, el proyecto de ley que regula el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte de militares, policías y guardias penitenciarios.
Regula el uso de armas letales, para proteger las libertades ciudadanas y precautelar el derecho a la seguridad integral.
El Congreso, en el que el oficialismo cuenta con 13 de los 137 curules, dictó reglas para aplicar la fuerza según niveles de amenaza, resistencia o agresión y cuando otros medios no violentos resulten ineficaces o no garanticen mantener el orden.
También prohíbe el uso indebido de la fuerza, con miras a evitar excesos, ilegalidades y arbitrariedades, así como la tortura.
Ecuador enfrenta un aumento de la violencia y criminalidad a causa del narcotráfico. Cerró 2021 con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.
El Legislativo, en el que la oposición está dispersa pero tiene mayoría, estableció para militares, policías y agentes penitenciarios derechos a la defensa institucional y de la Defensoría Pública cuando se vean involucrados en casos de uso de la fuerza en cumplimiento del deber, y a negarse a obedecer órdenes que atenten contra las garantías.
Lasso deberá vetar o disponer la publicación del proyecto en el Diario Oficial para que se convierta en ley.
Los militares estarán autorizados a intervenir en operaciones para mantener el orden y la seguridad ciudadana en caso de existir la declaratoria de un estado de excepción, según el proyecto aprobado por el Parlamento.
Lasso declaró el 30 de abril un estado de excepción por 60 días en las tres provincias más golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad, que dejan más de 1.200 muertos a nivel nacional.
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