Bajo las leyes federales y estatales, existen restricciones para el porte de armas, que incluyen la prohibición para individuos convictos de delitos graves y algunos menores (como asalto o agresión) o con una orden de restricción en su contra.
También incluyen personas a quienes un tribunal los haya declarado un peligro para otras personas o ellos mismos debido a una enfermedad mental. Las leyes de California prohíben a un individuo con una restricción de porte de armas no puede poseer o comprar municiones.
El control para la compra y porte de armas es una de las medidas que estarán en la boleta electoral en las elecciones del 8 de noviembre bajo la Propuesta 63. Sin embargo, es una proposición con muchos oponentes y partidarios en toda California.
La Propuesta 63 engloba los siguientes puntos:
- Exige la revisión de antecedentes y autorización del Departamento de Justicia para comprar municiones.
- Prohíbe la posesión de cargadores de municiones de gran capacidad.
- Establece procedimientos para hacer cumplir las leyes que prohíben la posesión de armas de fuego a personas específicas.
- Exige la participación del Departamento de Justicia en el Sistema Nacional de Chequeo de Antecedentes Penales.
Con respecto al impacto fiscal, la Propuesta 63 resalta el aumento de los costos locales y estatales de los tribunales y en la aplicación de la ley, en decenas de millones de dólares. Este hecho estaría relacionado con un nuevo proceso judicial para quitar las armas de fuego de personas que reciban condenas de prisión.
La aprobación de esta medida permitiría la creación de un nuevo proceso judicial para quitar las armas a los individuos que han sido condenados por ciertos delitos y se implementarán nuevas exigencias para la compra y venta de municiones. También exigiría el reporte del robo de un arma personal a las autoridades.
Los partidarios de la aprobación de la Propuesta 63 consideran que la misma mejorará la seguridad pública al mantener las armas y municiones lejos de las personas incorrectas. También reduciría la violencia entre pandillas al prohibir la adquisición de armas y municiones a los delincuentes violentos, las personas inclinadas a la violencia doméstica y los enfermos mentales.
“A medida las leyes estatales en contra de las leyes se fortalezcan, habrá menos violencia”, dijo Margot Bennet, directora ejecutiva de la organización Mujeres en Contra de la Violencia durante el evento BallotCon. “No es una cuestión política para nosotros sino que se trata de mantener a nuestros ciudadanos lo más seguro que podamos”.
Los oponentes, por su parte, resaltan que la medida no busca la seguridad pública sino que impone costos a los contribuyentes y cargas costosas en el cumplimiento de las leyes. De acuerdo con ellos, solo afectaría a los ciudadanos cumplidores de las leyes.
Sam Paredes, director ejecutivo de Dueños de Armas de California, destacó que la mayoría de las peticiones en la Propuesta 63, como el registro de las municiones y chequeo de antecedentes penales, ya se han aprobado a nivel legislativo.
“Ya sea que esta iniciativa se apruebe o no, ya esta allí, ya existen en los libros”, dijo Paredes, destacando que las autoridades ya trabajan para hacer cumplir esas leyes. “La Propuesta 63 va a obstaculizar lo que ya las agencias del orden público están haciendo”.
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