La Esperanza (Honduras) (AFP) – Organizaciones populares e indígenas de Honduras conmemoraron este lunes el cuarto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, con actos religiosos y la promesa de defender los territorios ancestrales como «acto de justicia» para la malograda ambientalista.
Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros por sicarios en su vivienda en La Esperanza, 120 km al noroeste de Tegucigalpa, el 2 de marzo del 2016. Tenía 44 años.
Cinco sicarios y dos empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) fueron condenados a penas de 30 a 50 años de cárcel por el crimen de Cáceres, quien dirigió masivas manifestaciones contra la construcción de una hidroelétrica en el río Gualcarque, en territorio indígena. El presidente de la compañía, David Castillo, está preso a la espera de ser juzgado.
Más de 300 miembros de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil asistieron a una ceremonia religiosa y actos culturales que se llevaron a cabo en el centro social Utopía, del Copinh, en la periferia de La Esperanza.
«Berta no murió, se multiplicó», «Berta vive, la lucha sigue», «agua para la vida, no para la muerte», coreaban los participantes reunidos frente a un altar con fotos de la ambientalista.
– Lucha territorial –
Durante la ceremonia, Berta Zúniga, hija de Cáceres y actual coordinadora de Copinh, leyó una declaración en la cual proclamó la «profundización de la lucha» en defensa de los territorios amenazados por proyectos hidroeléctricos y mineros en Honduras.
«Este crimen representa el plan para intentar destruir la lucha territorial (…) liderada por Berta Cáceres y sembrar el miedo en los luchadores de Honduras. Sin embargo, su lucha no ha parado», añadió.
Zúniga dijo a la AFP que su madre denunció en 2014 las concesiones otorgadas a 49 proyectos hidroeléctricos en territorio de indígenas lenca, y actualmente «hay varios focos» contra las iniciativas.
Copinh acompaña esas luchas «para cumplir con el legado de Berta Cáceres», subrayó.
Mientras Austra Berta Flores, madre de Cáceres, dijo a la AFP que su familia y Copinh siguen «batallando para que se haga justicia por Berta» porque «apenas tienen presos a los siete gatilleros» y hacen falta los autores intelectuales, los que pagaron el asesinato.
El abogado del Copinh y de la familia, Rodil Vásquez, denunció que los tribunales excluyeron del proceso a algunos miembros del equipo de acusadores luego de que presentaran pruebas contra banqueros socios de DESA como autores intelectuales del crimen de Cáceres.
Cáceres fue asesinada pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras haber denunciado que personal de DESA la amenazaba de muerte.
