San Salvador (AFP) – El camarógrafo del Canal 21 de la televisión salvadoreña Samuel Rivas se convirtió este jueves en el primer comunicador en activo asesinado en 2017 en el país centroamericano, al morir a balazos en un hecho atribuido por las autoridades a las pandillas.
«Lamentamos y condenamos el asesinato de nuestro compañero de trabajo Samuel Rivas», publicó en su cuenta de Twitter el Grupo Megavisión, al cual pertenece el Canal 21.
Rivas, de 28 años, fue atacado por presuntos pandilleros en la ciudad de Ilopango, a unos 10 km de la periferia este de San Salvador, indicó Megavisión.
El director de los noticieros del grupo Megavisión, Roberto Hugo Preza, dijo que Rivas se encontraba pintando la fachada de una iglesia en la que se congregaba en el momento de los hechos.
«Él nunca había recibido amenazas, nadie lo había hecho, no podemos decir que esto tenga que ver por su condición de trabajar en un medio de comunicación, nos duele su asesinato», dijo Preza a periodistas.
Un agente de la policía que resguardaba la zona del crimen explicó a la prensa que los presuntos pandilleros que atacaron al camarógrafo «operan en la zona» y que se abrió una investigación para dar con los responsables.
«No tenemos hasta el momento indicios de qué pudo llevar a los presuntos pandilleros a asesinar al señor de la prensa», señaló el agente, que no se identificó.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó el asesinato: «Demandamos a las autoridades una investigación profunda del hecho», exigió en Twitter.
En agosto pasado, Roxana Cortéz, una expresentadora de un canal de televisión de la ciudad de Apopa, 12 km al norte de San Salvador, fue asesinada por presuntos pandilleros en una carretera en las afueras de esa ciudad.
El año pasado fue asesinado Nicolás García, comunicador en una radio comunitaria. Cuatro pandilleros fueron condenados por el homicidio.
El Salvador sumó de enero a septiembre 2.865 homicidios, una reducción del 31,4% con respecto a igual período del año pasado, según el Instituto de Medicina Legal.
Las autoridades atribuyen a las peligrosas pandillas la mayoría de muertes violentas que ocurren en el país.
