Ciudad de Guatemala (AFP) – La presión del gobierno de Guatemala por cerrar las puertas a una misión antimafias de la ONU, es un golpe a la lucha contra la corrupción y daña la imagen internacional del país, advirtieron este lunes analistas.
Luego de más de dos años de hostilidades, el gobierno del presidente Jimmy Morales anunció este lunes el fin unilateral de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU.
Esa decisión ocurre luego de haber intentado impedir el ingreso el fin de semana pasado del investigador colombiano Yinel Osorio de la Cicig, y de un largo enfrentamiento con el jefe de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien intentó expulsar de Guatemala y en setiembre pasado le negó su ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.
«El problema es que las acciones del gobierno están fuera del marco legal», dijo a la AFP la directora del Grupo Pro Justicia, Carmen Ibarra.
«Está claro que está ejecutando acciones que tienden a favorecer grupos de poder económico y político que han sido afectados por los trabajos de la Cicig», añadió.
Tras ser retenido la noche del sábado en el aeropuerto de la capital guatemalteca, Osorio pudo ingresar unas 25 horas después gracias a una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de este país.
La retención del investigador se dio a pesar que la CC otorgó, el pasado 21 de diciembre, un amparo provisional solicitado por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, para obligar a la cancillería a emitir las visas de 11 funcionarios de la Cicig que habían sido revocadas.
Unas 50 organizaciones civiles, académicas y humanitarias calificaron la negativa de ingreso para Osorio como «un duro golpe» a la institucionalidad del país, que favorece a grupos corruptos y desacata las resoluciones de la justicia.
La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación delictiva.
– Contra la Cicig –
Morales, que llegó al poder sobre una ola anticorrupción, ha sido hostil con el trabajo de la Cicig desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la fiscalía acusaron a un su hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.
La situación empeoró en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron al mandatario guatemalteco de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015, pero el Congreso rechazó levantar su inmunidad para investigarlo por la denuncia.
En septiembre Morales anunció que no iba a solicitar una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que vence en septiembre próximo.
Tras reunirse este lunes en la ONU con el secretario general Antonio Guterres, la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, anunció el fin unilateral en 24 horas de la Cicig y afirmó que sus funcionarios deberán abandonar inmediatamente el país.
Morales defendió poco después la decisión, acusando a la Cicig de atentar contra la seguridad nacional y la soberanía del país.
«Es lamentable que en Guatemala, con tantos rezagos y desafíos, el gobierno se esté dedicando a desmantelar a la Cicig», comentó a la AFP el analista Manfredo Marroquín, director de la organización Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
Para Marroquín el gobierno está «dejando el país sin futuro, y como no hay futuro la migración se dispara. El legado que estará dejando es un país en manos de las redes corruptas».
– Mensaje Negativo –
Marroquín e Ibarra coinciden que las acciones contra la Cicig envían un mensaje negativo en materia de lucha contra la corrupción, en especial frente al llamado G13, que agrupa a países, agencias y organismos cooperantes.
El grupo, una instancia de coordinación internacional y multilateral, está integrado por Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Noruega, Países Bajos y organismos como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«El mensaje que manda el presidente es que es un gobierno del crimen organizado y eso es una amenaza para la comunidad internacional», afirmó Marroquín.
En tanto, Ibarra estima que la relación con otros países «será más tensa», sobre todo con los que apoyan más decididamente la lucha contra la corrupción.
