Lima (AFP) – El presidente de Perú, Pedro Castillo, y su familia enfrentan a partir de este viernes una maratón de audiencias judiciales, acusados por la fiscalía de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno.
La primera en sentarse en el banquillo será la cuñada del mandatario izquierdista, Yenifer Paredes, de 26 años, quien está en prisión preliminar desde el 10 de agosto, un día después de que el palacio de gobierno en Lima fuera allanado por fiscales y policías, algo inédito en el país, con el fin de arrestarla.
Castillo afirmó que este allanamiento fue «ilegal» y ahora busca destituir al coronel Harvey Colchado, quien lo dirigió, por considerar que «vulneró» la inmunidad presidencial.
La cuñada del mandatario tiene que comparecer este viernes a las 18H00 locales (23H00 GMT) ante el juez Johnny Gómez Balboa, quien resolverá si la envía o no a prisión preventiva por 36 meses.
Ella formaba parte de una «organización criminal liderada por el señor presidente de la república», sostuvo el fiscal Jorge García Juárez al fundamentar el martes el pedido de prisión preventiva.
Yenifer, quien considera a la pareja presidencial como sus «padres», «es parte de esta red criminal como lobista o coordinadora», agregó.
En esta audiencia comparecerá también José Nenil Medina, alcalde de Anguía, pueblo de la región norteña de Cajamarca del que que es oriunda la familia de Castillo.
La cuñada y el alcalde supuestamente estaban coludidos para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento, según la fiscalía.
«No han robado» –
En tanto, el lunes 5 de septiembre Castillo debe comparecer ante la fiscalía y su esposa, Lilia Paredes, ante un juez. Ambos son maestros rurales.
Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
El martes afirmó que su esposa y su cuñada «van a demostrar que no han robado un centavo al Perú«.
Castillo, de 52 años, ha declarado dos veces en la fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.
La primera dama, de 49 años, acudió el 13 de julio a una citación del Congreso, pero se abstuvo de responder las preguntas por recomendación de su abogado, Benji Espinoza.
«¿Es honesto?» –
El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, dijo este viernes que «el Ejecutivo está de acuerdo en que se hagan investigaciones fiscales, judiciales, administrativas y políticas, pero que se haga con objetividad, no con ánimo de persecución”.
Castillo fue citado a la fiscalía para responder por la abrupta salida, el 20 de julio, del ministro del Interior, Mariano González, quien se mantuvo apenas dos semanas en su cargo.
También será interrogado sobre un supuesto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú.
«¿Tenemos, realmente, un presidente honesto? Qué bueno, que siga trabajando, y bien. De lo contrario, si tenemos uno que está coludido y gestando una organización criminal, que se vaya», declaró el jueves la jefa del Congreso, la opositora Lady Camones.
Choques con el Congreso –
La primera dama debe comparecer ante el juez Raúl Justiniano Romero en una audiencia en que los fiscales fundamentarán un pedido para prohibirle que salga del país durante tres años.
Esta solicitud incluye a dos de sus hermanos, Walter y David Paredes.
Desde marzo están prófugos dos sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo (32 años) y Gian Marco Castillo Gómez (23), investigados por supuesta colusión para un contrato de construcción de un puente en una región selvática.
En sus 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, pues tiene inmunidad.
Castillo enfrenta seis investigaciones de la fiscalía, algo también inédito para un presidente en ejercicio en Perú.
Sin embargo, este tipo de acusaciones contra presidentes no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del mandatario derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y del centrista Martín Vizcarra en 2020.
Como Castillo, ambos expresidentes tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.
