Tegucigalpa (AFP) – El presidente hondureño Juan Orlando Hernández se convirtió en un «aliado incómodo» para Estados Unidos, luego de ser señalado por narcotráfico en un tribunal de Nueva York que sentenció a su hermano por ese mismo delito, estimaron analistas.
Hernández ha cultivado una relación estrecha con Washington, pero su imagen de aliado se vio golpeada en el juicio contra su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández, condenado en Nueva York por tráfico de cocaína.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el gobierno de Hernández había convertido a Honduras en un «narcoestado» y testigos aseguraron que el presidente habría recibido dinero del mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán y otros capos, a cambio de protección.
«Estados Unidos ha sido benevolente con Juan Orlando Hernández, se le privilegió como aliado en seguridad pero se volvió un aliado incómodo por el resultado del juicio en Nueva York», dijo a la AFP el director del no gubernamental Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), Víctor Meza.
El presidente Hernández, de 51 años, ganó su segundo mandato en 2017 en medio de denuncias de fraude y tras una cuestionada decisión judicial que le permitió postular su reelección, pese a que la Constitución lo prohíbe.
Ha enfrentado denuncias de corrupción, incluido el desvío de fondos del Seguro Social que sirvieron para financiar su primera campaña presidencial, en 2013.
«Cuando se lee en el documento del juicio los testimonios de los testigos y los argumentos de la fiscalía, se involucra en el delito a toda la institucionalidad del Estado, que está al servicio de los narcotraficantes», comentó Meza.
El presidente denunció de inmediato que fue un fallo «basado en testimonios de asesinos» que fueron extraditados por su gobierno o que se entregaron a la justicia de Estados Unidos.
– Narcoestado –
«Colombia estuvo a punto de llegar a eso (narcoestado) pero supieron actuar a tiempo y cortarlo de tajo. Nosotros nos vimos sorprendidos por el grado de profundidad que ha alcanzado el narcotráfico» en Honduras, agregó Meza.
El juicio contra Tony Hernández y los señalamientos contra el presidente se dieron al mismo tiempo que el gobierno hondureño negociaba acuerdos migratorios con Washington.
Estados Unidos y Honduras firmaron recientemente cuatro acuerdos para que el país centroamericano reciba a los migrantes extranjeros que pasen por su territorio mientras soliciten el asilo en el país norteamericano.
El político y analista Jorge Yllescas destacó que «lamentablemente el fallo en Nueva York es contra Honduras porque se implica al presidente y las instituciones del Estado, como la policía y las Fuerzas Armadas».
Anticipó ese dictamen tendrá impacto sobre la inversión extranjera y nacional, lo que amenaza con agravar la situación económica del país, golpeada por aumentos en los precios de combustibles, la caída en el precio de las materias primas y la llegada de miles de hondureños deportados de Estados Unidos.
Yllescas apunta como solución la renuncia del presidente y que asuma en su lugar la vicepresidenta María Antonia Rivera, quien «tiene una hoja limpia», para luego buscar un «pacto nacional de gobernabilidad».
– Diálogo extemporáneo –
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) propuso realizar un diálogo nacional para hacerle frente al deterioro de la institucionalidad pública y la falta de seguridad jurídica. Pero Yllescas no está convencido.
«El diálogo ya es extemporáneo. Los que no están vinculados con el gobierno ya están pidiendo la salida del presidente y adelantar las elecciones» programadas para noviembre del 2021, comentó el analista.
Sin embargo, consideró un adelanto de los comicios no parece factible porque el Partido Nacional, en el gobierno, tiene control del Congreso.
Por su lado, el excanciller Ernesto Paz Aguilar vaticinó que cuando se dicte la pena contra Tony Hernández, que podría ser de cadena perpetua, «se atizará un estallido de protesta social» que podría acelerar la salida del poder del gobernante.
«Juan Orlando Hernández es un aliado necesario para (el presidente Donald) Trump pero se vuelve una amenaza» con los señalamientos de narcotráfico, destacó Paz Aguilar.
«El descontento social va creciendo» y se volverá insostenible, pronosticó.