Bogotá (AFP) – Están en un punto alto de Bogotá. Hasta allá treparon cientos de desplazados para esconderse de la guerra que ensangrentó el campo colombiano. Hoy, en la ciudad, son los olvidados de la paz.
Ya van varios días sin sol en Ciudad Bolívar, la populosa barriada del sur de la capital. En uno de sus cerros está El Ensueño, el terreno de invasión de donde temen ser desalojados estos campesinos.
Son unas 600 familias, la mayoría víctimas del conflicto que apaciguó el acuerdo con la ya disuelta guerrilla FARC.
Hombres, mujeres y niños se apiñan en casas de latón en medio del barro. El agua se la arrebatan a la montaña y la luz la obtienen de conexiones piratas. Y aunque hay transporte público, no siempre reúnen para la tarifa.
«Colombia se divide entre los que tienen casa y los que tenemos una de lata (…), los que comen a la carta y los que comemos una vez al día», afirma José Pineda, de 50 años y padre de tres hijos.
Cinco décadas de guerra que no terminan de extinguirse -aún el narcotráfico alimenta a grupos armados- agravaron la pobreza en uno de los tres países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial.
Además de guerrillas como las FARC, la lucha armada involucró a paramilitares, agentes del Estado y narcos.
El desplazamiento forzado, que ha dejado ocho millones de víctimas, trajo a las ciudades a miles de «personas que ya estaban en una peor situación de bienestar, generando verdaderos círculos de miseria», remarca a la AFP Jorge Restrepo, de la Universidad Javeriana y coautor del estudio «Conflicto y pobreza en Colombia».
Casi siempre refunfuñando, Pineda recuerda que dejó las selvas del Guaviare (sureste) tras sortear interrogatorios oficiales por su supuesta vinculación con la guerrilla de 7.000 combatientes que se desarmó en 2017.
De desplazado, pasó a ser uno de los nuevos pobres de la periferia.
De la suerte que ellos corran dependerá en parte que la cuarta economía de América Latina, con casi 50 millones de habitantes, pueda consolidar la paz y evitar el reciclaje de la violencia en las ciudades en el próximo gobierno, cuyo presidente será elegido el 27 de mayo o en una segunda vuelta, el 17 de junio.
– Trampas de pobreza –
Óscar Lezama, un expolicía a quien la guerrilla obligó a huir en 2012, vive en una casucha de El Ensueño con su esposa y cuatro hijos. «La guerra nos sacó del campo, y en la ciudad nos toca pelear por cinco metros cuadrados», lamenta.
Este hombre de 48 años encarna una de las frustraciones del pacto de paz que la derecha, favorita en las encuestas, promete modificar si llega al poder.
Aunque ha evitado unas 3.000 muertes al año, el acuerdo de 2016 dejó inconforme a la mitad de los colombianos, que critican la indulgencia con la que supuestamente fueron tratados los guerrilleros, y el hecho de que puedan hacer política sin ir antes presos.
Pero en Ciudad Bolívar, donde en total viven unas 700.000 personas, late otro rechazo: la paz no alivió a los miles que la violencia expulsó y que ahora viven en cinturones urbanos de miseria.
El gobierno de Juan Manuel Santos, que dejará el poder después de ocho años, lanzó un ambicioso programa para restituir millones de hectáreas de tierra a los despojados, pero no existe un plan específico dentro del pacto de paz para quienes se han quedado en las ciudades.
«Volver al campo no», remarca Lezama. «Sin tierra (regresar) es muy triste».
Colombia ha recortado la pobreza. Entre 2010 y 2017 la pobreza por ingresos pasó de 37,2% a 26,9%, y la extrema bajó de 12,3% a 7,4% en el mismo periodo.
Pero hasta el año pasado casi 13 millones de personas seguían siendo pobres, según datos oficiales.
Así que sin «planes más ambiciosos», la pobreza será «un factor permanente de violencia e incluso de regreso a la guerra», advierte el economista Eduardo Sarmiento, especializado en temas de equidad.
– Un nuevo peligro –
La pobreza derivada del conflicto asoma en El Ensueño, donde se cuece una nueva violencia por cuenta de grupos armados del narcotráfico que sacan provecho del vacío de poder dejado por las FARC y la tardía llegada del Estado.
Óscar y José, que sobreviven con oficios informales, deben estar prácticamente encima de sus hijos de entre 7 y 16 años. Las mafias del microtráfico rondan los colegios.
Según la Defensoría del Pueblo (ombudsman), en Ciudad Bolívar operan cinco organizaciones armadas, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa, que negocia la paz con el gobierno.
Mientras las urbes lidian con estas bombas sociales de tiempo, el campo podría seguir expulsando potenciales nuevos pobres.
A 90 km de Bogotá, en el municipio de Viotá, Deysi García, una campesina con cinco hijos, casi pierde su finca de 58 hectáreas por culpa de paramilitares que se apropiaron del predio donde luego aparecieron dos cuerpos.
Se libró de la cárcel y mantuvo las tierras, pero aunque tiene mil matas de café, debe trabajar como empleada doméstica. La falta de vías le quita rentabilidad al grano.
«Es más lo que se jode (se esfuerza) uno que lo que gana, porque los comerciantes lo pagan muy barato y no alcanza a cubrir los costos de producirlo», lamenta esta viuda de 38 años.
