El Progreso (Honduras) (AFP) – Isabel Gutiérrez, a sus 65 años, subió por una carretera para vehículos todo terreno hasta lo alto de la montaña en el norte de Honduras, en una movilización en defensa del río Mezapa. Su lucha se coronó porque un juzgado ordenó detener la construcción de la hidroeléctrica.
«Mis nietos me reclamaban… ¿qué hago por defender el río? Por eso hemos estado en esta lucha», dice esta mujer sumida en la extrema pobreza, calzada con sandalias de hule, mientras acompaña a otras 30 personas que subieron también a la cima de la cordillera Nombre de Dios, a unos 200 km al norte de Tegucigalpa.
– Pobladores en resistencia –
Los pobladores se reunieron en el campamento bautizado como «Unidad y Lucha Pajuiles Resiste», una galera improvisada con madera, zinc y paredes de lonas azules descoloridas y blancas golpeadas por la intemperie a la orilla de la carretera entre El Progreso y el puerto de Tela.
Resalta en la cerca perimetral de alambres del campamento una manta con una silueta de Berta Cáceres, el símbolo de las luchas de los ambientalistas hondureños que fue asesinada en 2016 por defender un río en el oeste del país.
Desde el campamento, los pobladores subieron, unos caminando y otros en un vehículo todo terreno, hasta la cima de la cordillera por una escabrosa y empinada carretera y bajo un sol abrasador.
«No queremos que sequen al río, abuela», cuenta Isabel que le reclamó su nieto, José Abraham Cruz, de ocho años. «¿Dónde nos vamos a bañar si lo secan?», le preguntaba.
En el fondo entre dos picos de la montaña de bosque húmedo desciende el río, al que más abajo se suman los afluentes Santiago y Pajuiles.
«Las máquinas estaban haciendo desastres. Una compañera, Albertina, se acostó en la calle para que no pasaran las máquinas pero la atacaron policías con bombas lacrimógenas para que se apartara», relata una de las activistas del movimiento, María Dolores Euceda.
Una veintena de activistas del movimiento fueron acusados en los tribunales por defender al río que baña una docena de comunidades, con una población cercana a los 30.000 habitantes.
En la caminata los pobladores intentaban ver lo que ha construido la Hidroeléctrica Centrales El Progreso (Hidrocep) pero les bloquearon el paso seis guardias de seguridad blandiendo machetes.
«Todas las comunidades de arriba (de la montaña) están de acuerdo» con la construcción, asegura a la AFP Daniel Núñez, del otro lado de la cerca de alambre de púas en la calle de acceso al campamento de la empresa.
Núñez dice que está al frente de un plan de reforestación de 400 manzanas para proteger la cuenca donde la empresa pretendía construir la cortina y la sala de máquinas para generar 1,5 megavatios/hora.
Admite que para construir la obra han cortado 800 árboles pero van a sembrar 80.000 porque «a la empresa le conviene mantener el caudal del río».
– Freno a la construcción –
El abogado de los pobladores, Ariel Marid, informó a la AFP que el juzgado administrativo de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, a cuya jurisdicción pertenece Pajuiles, resolvió el viernes pasado un amparo que frena la construcción de la obra.
El tribunal resolvió que «se tenía que tutelar el derecho al agua, la salud y el medio ambiente de los pobladores» y ordenó que «se garantice que no se siga contaminándose el río», recalca.
Un portavoz de Hidrosep, José Romaña, aseguró a la AFP que la empresa seguirá defendiendo su derecho a garantizar la inversión que ya empezó, cuyo monto dijo desconocer.
«Es un proyecto pequeño que no afecta al medioambiente. Toda la obra se está haciendo con buen tino (para proteger al río). Si a veces se enturbia el agua la empresa tiene filtros para limpiarla»,
En un informe preliminar de una visita a Honduras, una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expuso el viernes que hay exploraciones mineras y proyectos hidroeléctricos en territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes «sin una consulta previa, libre e informada», como ordena el derecho internacional.
Según el movimiento ambientalista, la gestión del 30% del territorio hondureño, de 112.492 km2, está dada en concesiones a mineras e hidroeléctricas, donde las comunidades están en pie de lucha para rechazarlas.
