Bogotá (AFP) – En las vitrinas de un centro comercial se exhiben como si fueran simples juguetes. Son pistolas que se anuncian como no letales o ‘traumáticas’ e irrumpieron en las calles de Colombia al punto de convertirse en una preocupación para la seguridad.
En la última década cientos de miles de estas armas fueron importadas legalmente y vendidas sin restricciones en un país que arrastra más de 60 años de conflicto armado.
En medio de locales comerciales del occidente de Bogotá aparecen detrás de un cristal réplicas idénticas de pistolas Glock, Storm Beretta, CZ y Heckler/Koch. Para adquirirlas solo es necesario presentar un documento de identidad.
También se venden en internet. Uno de los portales que las ofrecen certifica: «Es muy fácil. Solo se necesita tener la plata (dinero) y cédula de ciudadanía».
Algunos las usan para seguridad, otros para el tiro deportivo. Pero su uso criminal para atemorizar a la ciudadanía debido su parecido con un arma tradicional inquieta a las autoridades.
El gobierno prepara un decreto que impondrá a las pistolas traumáticas las mismas restricciones que pesan sobre las armas de fuego.
La única diferencia con una pistola convencional es que sus balas no son de plomo, sino de goma o caucho, explica a la AFP el experto en seguridad Orlando Carrillo. «En su funcionalidad son idénticas, las dos expulsan un proyectil a partir de un fulminante, una pólvora».
En las manos incorrectas y disparada a menos de 15 metros contra tejidos blandos o una arteria, una munición de ese tipo puede «producir la muerte». «Las lesiones que se pueden producir (…) son muy similares a las de un arma de fuego», detalla Carrillo.
Se ven, pesan y detonan como una pistola real, constató la AFP en un campo de tiro.
«¡Explótelo!» –
En la noche del 23 de agosto, una bala de arma traumática reventó el ojo derecho de Luis Rodríguez Mojica, un mecánico de 35 años que vive en un barrio popular de la capital.
Dos hombres lo abordaron en una moto para robarlo. «¡Explótelo, explótelo! (dispárele) ¡Se va a escapar!», gritaba uno. Su córnea «se pulverizó por el impacto», evoca Rodríguez. Ahora cubre su ojo con un parche.
Alrededor de 1,5 millones de armas ‘no letales’ han sido «comercializadas de manera legal» en Colombia, calcula la fundación independiente Ideas para la Paz (FIP), que en 2020 alertó sobre la necesidad de reglamentar su comercio.
El caos en el mercado detonó en «una situación fuera de control», resume un expolicía y gerente de un club de tiro de Bogotá que pidió guardar el anonimato.
Desde 2014 son la más importadas en el mercado legal, en gran parte de China o Turquía. En 2009 llegaron al país 8.585 y para 2020 la cifra subió a 190.706 (un incremento del 2.220%). Los costos oscilan entre 130 y 410 dólares.
Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, las armas traumáticas «se están vendiendo como juguetes», pero «están siendo un factor de intimidación» de la delincuencia.
Las autoridades no tienen cifras claras sobre muertos o heridos por armas traumáticas. En cambio, han detectado modificaciones para hacerlas letales.
La punta de las balas se puede reemplazar por plomo. También es posible cargarlas con munición que normalmente usaría un arma tradicional, corriendo el riesgo de que el cañón explote. «Es fácil reemplazar las balas de goma por proyectiles de plomo», confirma el gerente del campo de tiro.
El número de víctimas que han dejado las armas traumáticas se puede camuflar entre los más de 500 homicidios con armas de fuego por año que registra la ciudad de ocho millones de habitantes. «Son traídas al país como juguetes, pero son juguetes muy peligrosos», enfatiza Carrillo.
A falta de regulación estricta, un delincuente sorprendido con una pistola de este tipo no se expone a ninguna sanción judicial.
«Mercado negro» –
El nuevo decreto, que está pendiente de sanción, establece condiciones más estrictas para la compra y un registro ante las autoridades competentes para monitorear en manos de quién están las armas traumáticas.
El ministerio de Defensa calcula que se han incautado más de 19.000 desde 2018 por «uso inadecuado» (14 diarias).
Pero los comerciantes del sector ya reclaman: «El gobierno corre el riesgo de actuar drásticamente» en su afán de prohibición y acabar con el negocio, protesta Diego Villalba, importador desde 2014.
Para la FIP, su control es «un tema crucial para la paz y la reducción de la violencia» en Colombia, un país de 50 millones de habitantes donde circulan ilegalmente por lo menos 4,2 millones armas de fuego, según la organización Small Arms Survey.
También inquieta que la normativa dé pie al nacimiento de un «nuevo mercado negro» para un Estado con históricas dificultades para controlar el monopolio de las armas.
«A los delincuentes no les va a importar la ley, seguirán usando estas armas que ahora abundan» y son casi imposibles de rastrear, sentenció Carrillo.