San Salvador (AFP) – Decenas de familiares de detenidos en el marco del régimen de excepción con el que el gobierno combate a las pandillas en El Salvador, marcharon este martes para pedir su liberación, alegando su presunta inocencia.
En la marcha en San Salvador, la capital, en la que también participaron organizaciones defensoras de los derechos humanos, las personas portaban pequeños carteles con la foto de su familiar detenido.
Los manifestantes, en su mayoría luciendo camisetas blancas, llegaron hasta los alrededores de la Casa Presidencial, cuyos accesos fueron bloqueados.
María Gloria Sánchez, de 60 años, pidió la liberación de su hija Laura Maribel Pacheco, de 22, quien fue detenida por la Policía el 17 de abril en su casa en una populosa colonia en la ciudad de San Martin, en la periferia este de la capital.
«La policía llegó a la casa, preguntaron por mi hija y la detuvieron sin explicar la razón, únicamente me dijeron a mí que era por eso del régimen (de excepción)», dijo Sánchez a la AFP.
Pacheco trabajaba en una maquila y sostenía a su madre.
«Duele porque ella no ha hecho nada malo, es inocente», agregó Sánchez, quien dijo que su hija guarda prisión en una cárcel para mujeres en el sector este de San Salvador.
«Libertad, libertad», gritaba por su parte Sebastiana Bermúdez, de 50 años, quien clamaba por la inocencia de su hijo Irvin Alcides Amaya, de 28, detenido el 7 de abril.
«A mi hijo lo llegaron a detener en su trabajo, él es panadero, y se lo llevaron acusado de (pertenecer a) agrupaciones ilícitas», explicó Bermúdez a la AFP.
Lo único que sabe de él -dijo- es que se encuentra bien de salud en una prisión el sector norte de San Salvador.
«El presidente (Nayib) Bukele debería ponerse la mano en la conciencia y dejar libres a los que no han cometido ningún delito como mi hijo, él no tiene ni antecedentes penales ni tiene relación con pandillas», sostuvo Bermúdez.
De acuerdo a la Fiscalía, hasta el viernes pasado unas 46.000 personas, presuntos miembros de pandillas, habían sido detenidas en el marco de la guerra que el gobierno de Bukele le ha declarado a esos grupos bajo el régimen de excepción.
Las pandillas MS-13 y Barrio 18 son las que más delinquen en El Salvador. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros.