Ciudad de Panamá (AFP) – Familiares de colombianos ejecutados extrajudicialmente por militares y policías pidieron este martes que se reconozca que ellos no eran guerrilleros y se limpien sus nombres, en el primer caso de este tipo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Yo pido que se haga justicia, que se aclare la verdad, que paguen los responsables, que se limpie el nombre de los tres muchachos porque no eran ningunos subversivos», dijo María Rosalva Bárcenas, madre de una víctima, durante una audiencia de la Corte en Panamá.
Su hijo, Wilfredo Quiñónez, fue presuntamente ejecutado en Colombia de forma extrajudicial junto a José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez en 1995.
Estas tras muertes junto a las de Gustavo Giraldo Villamizar (1996), Elio Gelves Carrillo (1997) y Carlos Arturo Uva (1992) forman parte del primer caso de «falsos positivos» que llega ante la Corte, que tiene su sede en San José.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington y que opera como fiscalía en este proceso, estableció que estas seis muertes «habrían ocurrido a manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como ‘falsos positivos'».
«Había una especie de recompensa cuando se eliminaban guerrilleros y algunos inocentes civiles fueron vestidos de guerrilleros para obtener eso» (la recompensa), dijo en la víspera el propio presidente de la Corte, Roberto Caldas.
Los llamados «falsos positivos» fueron casos de civiles que murieron en operativos militares o policiales, en el contexto del conflicto armado colombiano, y que las autoridades los presentaron como miembros de grupos armados ilegales caídos en combate.
«Ellos no participaban en nada de eso (la guerrilla), incluso mi hijo, el anhelo de él era ser policía», manifestó Bárcenas.
«Que yo sepa no hubo ninguna condena, eso quedó impune, no ha habido justicia porque los culpables siguen libres», lamentó Edidxon Villamizar, hermano de Gustavo Villamizar.
«Que limpien el nombre de él y de la familia, no somos ningunos guerrilleros», añadió visiblemente emocionado.
Sin embargo, la abogada del Estado colombiano, Ana Milena González, manifestó que las víctimas fueron resarcidas económicamente y que el Estado reconoció su responsabilidad en los hechos y pidió perdón.
Además, aseguró que en el caso de Wilfredo Quiñonez, hubo condenas de 26 años de cárcel para los responsables de su muerte.
«El Estado colombiano pidió disculpas (…) el día de mañana (miércoles) el Estado lo reiterará», afirmó González.
«Estos hechos no tienen relación con la problemática afrontada por Colombia a partir del año 2002, conocida como ‘falsos positivos’, sino que se trata de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la década de los noventa», dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano en un comunicado.
Añadió que las diferentes causas tratadas en la audiencia «tienen hechos, contextos o circunstancias aisladas y diversas, sin conexidad entre sí».
Desde 2012 la Corte Penal Internacional viene alertando sobre el riesgo de que estos asesinatos extrajudiciales queden en la impunidad, aunque el gobierno colombiano ha informado de que hasta la fecha se han dictado 1.242 sentencias condenatorias por «falsos positivos».
Según la organización Human Rights Watch, entre 2006 y 2008 se registraron en Colombia por los menos 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales.
«Las víctimas demandan que a través de un acto público en sus territorios (las autoridades colombianas) reconozcan lo que hicieron sus agentes y les pidan perdón», dijo a los periodistas Olga Silva, abogada de la organización Humanidad Vigente Corporación Jurídica.
