Lima (AFP) – El gobierno de Perú planea comprar toda la cosecha nacional de hojas de coca y crear un nuevo padrón de productores como parte de una nueva política antinarcóticos, en uno de los mayores exportadores de cocaína del mundo.
El plan contempla también la desmilitarización del mayor valle cocalero del país y el traslado de esas tropas a la región de Madre de Dios, donde miles de mineros ilegales depredan la selva amazónica, y al río Putumayo, en la frontera con Colombia, donde operan bandas de narcos del vecino país.
La iniciativa fue delineada el miércoles por el jefe de gabinete, Aníbal Torres, en una sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete efectuada en Samugari, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido por el acrónimo VRAEM.
En este valle militarizado en 2006 operan remanentes de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso en alianza con bandas del narcotráfico, según la policía.
«Es indispensable, al menos durante un año, comprar la hoja de coca a los actuales productores empadronados y a los que defina el nuevo padrón a construir», dijo Torres.
Agregó que el gobierno promueve un «pacto social ciudadano» con los cocaleros para garantizar una adecuada política antidrogas al 2030.
«Mensaje peligroso» –
Sin embargo, la tarea no parece fácil, pues requiere grandes recursos, y de inmediato surgieron voces críticas a lo anunciado por Torres, entre ellas de exministros del Interior.
«El mensaje que está dando el gobierno es que está legalizando la hoja de coca y que va a comprar la hoja de coca ilegal. El mensaje es ‘siembre coca’, y es muy peligroso porque estamos hablando de una materia prima utilizada por el narcotráfico», dijo a la AFP el exministro del Interior Rubén Vargas.
Al promover el cultivo de hoja de coca «obviamente el campesino va a tener dos mercados el estatal que está promoviendo el gobierno y el narcotráfico. Los daños que va a generar son inconmensurables, no solamente ambientales, sino a la gobernabilidad del país», añadió el exministro del gobierno interino de Francisco Sagasti (2020-2021).
«Crear un nuevo padrón de productores es parte de una típica maniobra del narcotráfico para legalizarse», dijo a la AFP Fernando Rospigliosi, exministro del Interior del presidente Alejandro Toledo (2001-2006).
El padrón de cocaleros existe desde 1978 y consiste en una relación de campesinos con sus respectivas parcelas dedicados al cultivo legal de hoja de coca.
Desde hace más de cuatro décadas se la venden a la empresa estatal de la coca (Enaco), única entidad autorizada a adquirir la producción del cultivo.
La puesta en marcha del padrón, en 1978, es parte de la estrategia que aplica Perú que incluye la erradicación forzosa de los sembradíos ilegales de coca.
«Si abres el padrón, entran todos los que producen hojas para el narcotráfico porque al cambiarse la ley hay más base para legalizar los cultivos», advierte Rospigliosi.
Según el exministro, un 95% aproximadamente del total de la producción cocalera peruana se destina al narcotráfico, el resto termina para consumo humano en forma de mates, caramelos, harina y energizante a través del masticado de la hoja.
Masticar hojas de coca es una ancestral tradición andina para combatir el cansancio, tanto en Perú como en Bolivia.
En Perú hay unos 400.000 productores de coca ilegales, además de 95.000 incluidos en el padrón de productores, que venden sus cosechas a Enaco, según cifras oficiales.
En el país se estima que hay unas 62.000 hectáreas de cultivos de la hoja y la producción nacional bordearía las 160.000 toneladas, de las cuales Enaco compra actualmente solo 2.500. La empresa paga 100 soles (26 dólares) por la arroba (de 11,24 kilos), según medios locales.
De acuerdo con la ONU, Perú, Colombia y Bolivia son los mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína.
Se calcula que la producción peruana es de unas 400 toneladas anuales de cocaína. En 2021, más 84 toneladas de drogas fueron decomisadas e incineradas, según la policía.
Decomisos –
El 18 de abril las autoridades comenzaron a incinerar más de 16,3 toneladas de drogas ilegales decomisadas en los últimos cuatro meses.
La quema, que se prolongará hasta este domingo, incluye a 6,2 toneladas de pasta básica de cocaína, 4,6 toneladas de cocaína y 5,4 toneladas de marihuana, así como menores cantidades de amapola y opio.
«La droga y el narcotráfico destruyen y arrebatan nuestra libertad. No se debe ceder ningún espacio al narcotráfico y a todas aquellas actividades ilícitas», dijo Castillo, quien asistió a la primera quema.
