México (AFP) – Julio César Zubillaga se estremece cuando su hija pregunta por qué lo quieren matar. Tras el asesinato de un colega, recibió amenazas y un diario fue baleado, episodios que confirman a México como uno de los países más peligrosos para los periodistas.
Zubillaga ayudó a arreglar el cuerpo de Pablo Morrugares, del diario digital PM Noticias, luego de que pistoleros lo ultimaran junto con un policía que lo custodiaba, el domingo pasado en un restaurante de Iguala (estado Guerrero, sur).
Director de un periódico de esa ciudad, el Diario de La Tarde, Zubillaga exigió entonces públicamente justicia para el reportero de 48 años, quien ya había sufrido un atentado en 2016 y tenía medidas de protección.
«Fue un asesinato brutal, yo vi cómo quedó Pablo, lo tuve que vestir para los que quisieran despedirlo, pero solo vinieron menos de cuatro colegas. Todos tienen miedo, vivimos aterrorizados», cuenta a la AFP.
Al día siguiente recibió amenazas de muerte por redes sociales, y el martes un comando disparó contra el local del Diario de Iguala donde imprime su periódico.
«Al menos 10 periodistas de Iguala tienen amenazas de muerte» de grupos delincuenciales, señaló el directivo, quien ahora clama protección al gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Otros tres comunicadores han sido asesinados en México en lo que va de 2020: Jorge Armenta, Víctor Álvarez y María Elena Ferral.
Desde el año 2000, las víctimas superan el centenar y 92% de los casos siguen impunes, según organizaciones de prensa.
Amenazas cumplidas
A principios de año, en redes sociales circularon videos de grupos armados amenazando a rivales y a varios periodistas.
Las intimidaciones no son una novedad para los reporteros, «pero estamos viendo que ya las están cumpliendo», afirma Zubillaga.
Para protegerse, el director, de 51 años, cambia constantemente de domicilio y rutas y hace tiempo que no pasea con su familia.
«Lo más cruel para mí es llegar a la casa y que mi hija más pequeña me pregunte: ‘papá, ¿por qué te quieren matar? ¿Cuánto tiempo vas a vivir?'», dice por teléfono, con la voz quebrada, este periodista con 35 años de carrera.
Ante esta situación, los reporteros de Iguala han optado por la autocensura.
«Muchos no quieren hablar, mucho menos publicar. Estás entre el fuego cruzado», comenta bajo anonimato un periodista que tuvo que abandonar la ciudad porque su vida estaba en riesgo.
«Un grupo te amenaza por publicar tal o cual información y el otro (su antagónico) por no publicarla», añade.
El grupo criminal Los Tlacos amenazó de muerte a los periodistas de Iguala tras acusarlos de servir a su rival, Guerreros Unidos, reportó el miércoles pasado la revista de investigación Proceso.
En respuesta, los reporteros de la ciudad acordaron la autocensura, según la publicación.
Momentos antes de su asesinato, Morrugares reportó un crimen en una zona que, afirmó, era controlada por Los Tlacos.
Los narcotraficantes de Guerreros Unidos han sido vinculados por la justicia mexicana a la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
«No pasa nada»
Para la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), la situación en Iguala es de las más preocupantes en México, uno de los países más peligroso del mundo para la profesión, comentó Balbina Flores, delegada de la organización.
«Parece que si se mata a un periodista no pasa nada, por eso esto no para», denunció Flores.
Desde 2006, cuando el gobierno lanzó una ofensiva militar antidrogas, México enfrenta una creciente ola de violencia.
Hasta la fecha han sido asesinadas 293.336 personas, según datos oficiales que no precisan cuántas son víctimas del crimen organizado.
