Caracas (AFP) – El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó este martes la «participación virtual» de diputados en el exilio, decisión tomada cuando Juan Guaidó busca ser reelegido el próximo 5 de enero como presidente de la cámara.
El Legislativo reformó su reglamento de debates para admitir «el uso de tecnologías» para «la participación virtual de los diputados», según un acuerdo votado en sesión especial.
Ello en el caso de parlamentarios que «por motivos de persecución política u otra de fuerza mayor no puedan asistir presencialmente» al Palacio Legislativo en Caracas, agregó el documento.
«¡Aprobado con las dos terceras partes de los presentes!», exclamó Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, después de que la mayoría legislativa opositora declarara «usurpador» al gobernante socialista Nicolás Maduro.
Guaidó, quien desde la jefatura del Parlamento se proclamó presidente interino en enero, destacó el consentimiento de 93 diputados.
La oposición controla dos tercios de los 167 escaños del Legislativo. Sin embargo, todas las decisiones del único poder controlado por la oposición en el país son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lo declaró en desacato en 2016.
El bloque del gobierno abandonó el hemiciclo antes de la votación. La oposición quiere «hacer un Parlamento desde las nubes», se quejó el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), William Gil, amenazando con acudir al TSJ -de línea oficialista- para que la reforma «sea rechazada».
Los legisladores chavistas se reincorporaron a la cámara a finales de septiembre, después de tres años de ausencia.
Según Acceso a la Justicia, ONG de derechos civiles, 27 diputados opositores se han exiliado tras ser blanco de procesos penales.
«Parece ser una medida de seguridad de Guaidó para tratar de mantener su mayoría» cuando el 5 de enero finalice su período, explicó a la AFP el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
Aunque la mayoría de la coalición apoya su continuidad, un acuerdo previo establece que la presidencia rotativa del Parlamento corresponde a partidos minoritarios, unos críticos de Guaidó y otros en negociaciones con el gobierno.
La reforma se aprobó un día después de que la oficialista Asamblea Constituyente, que en la práctica asumió las funciones del Legislativo, retirara fueros a cuatro diputados opositores acusados de traición a la patria.
El Parlamento tachó esa decisión de «ilegal», acusando al oficialismo de intentar «impedir la reelección» de Guaidó.
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