Washington (AFP) – Muertes, encarcelaciones y persecución de disidentes: graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela fueron denunciadas el jueves ante la comisión de la OEA que evalúa llevar al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad.
En la tercera ronda de audiencias en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), el panel creado a instancias del secretario general Luis Almagro escuchó los testimonios de un exfiscal, alcaldes, congresistas, familiares de víctimas durante protestas contra Maduro y otros representantes de la sociedad civil venezolana.
«En Venezuela estamos sufriendo una dictadura sin ningún tipo de escrúpulo. Por eso este informe debe sustanciarse ante la CPI», dijo Gustavo Maracano, alcalde de Lechería (estado Anzoátegui, este), exiliado desde julio en Estados Unidos tras ser condenado a prisión por no impedir las manifestaciones contra Maduro.
Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, Caracas, epicentro de las protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio pasado, clamó por «urgente» ayuda de la comunidad internacional.
«En Venezuela gobiernan las armas», dijo el dirigente, que huyó de su país por la misma razón que Marcano.
Muchacho contó que vio el cuerpo sin vida de Juan Pablo Pernalete, de 20 años, fallecido el 26 de abril por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho, según la fiscalía, aunque el gobierno atribuyó su muerte a sus compañeros manifestantes.
«Me tocó darle la noticia a sus padres. Y ese drama lo vivieron cientos y cientos de padres», dijo.
El gobierno sostiene que la oposición generó la violencia en las protestas y que varias de las víctimas fueron «quemadas vivas» por parecer chavistas.
– «A quemarropa» –
Durante las sesiones, las más extensas tras una ronda inicial en septiembre y una segunda en octubre, fue especialmente conmovedor el relato de los padres de Juan Pablo.
«A mi hijo lo mataron a quemarropa», dijo José Pernalete, quien varias veces rompió en llanto junto a su esposa Elvia Llovera. «Estamos muertos en vida», señaló, clamando por justicia.
También ofreció su testimonio Iván Urbina, padre de Fabián Urbina (17), muerto el 20 de junio durante las protestas. Tres guardias nacionales fueron imputados por la Fiscalía por este caso, «pero hasta ahora no hay ninguna sentencia firme», dijo.
Integrantes de Cruz Verde, la brigada voluntaria de primeros auxilios durante las manifestaciones, equipararon las patologías que debieron atender a las que se registran en zonas de conflicto armado.
Cotidianamente asistían asfixias y paros respiratorios por los gases lacrimógenos, pero también traumatismos varios, fracturas, heridas por armas de fuego y fallecidos.
«Los mecanismos de presión y las lesiones fueron evolucionando hacia una mayor severidad», dijo el doctor George Simon.
– Pruebas falsas –
El exfiscal Franklin Nieves aportó evidencia de que el líder opositor Leopoldo López, actualmente bajo arresto domiciliario, fue condenado en 2015 a 13 años de cárcel con pruebas falsas.
«Se los juro: no teníamos cómo demostrar un solo delito», indicó, señalando presiones y amenazas por parte de sus superiores.
Nieves, exiliado en Florida desde 2015 y quien ya ha lamentado públicamente su participación en este caso, dijo: «Le tenían miedo a su liderazgo».
El diputado William Dávila subrayó el hostigamiento del gobierno de Maduro contra los líderes opositores, y puso como ejemplo el retiro de pasaportes a quienes busquen salir del país.
Kerling Rodríguez de Sánchez, esposa del teniente coronel Ruperto Sánchez, «preso de conciencia» desde hace más de tres años, denunció vicios en el proceso contra su marido, así como trato discriminatorio y vejámenes durante las visitas.
– «Desnudas» –
«Las requisas a las que nos someten es vergonzante: debemos quedarnos desnudas, agacharnos tres veces y pujar hasta que (las guardias) queden satisfechas», contó.
La mujer también se quebró al narrar el trauma que toda la situación generó en su hija, hoy de 12 años.
El argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el costarricense Manuel Ventura, ex juez de la Corte Interamericana; y el canadiense Irwin Cotler, ex fiscal general de su país; integrantes del panel de expertos, felicitaron varias veces la «valentía» de los denunciantes.
La comisión prevé pronunciarse en los próximos dos meses sobre los méritos para presentar el caso ante la CPI.
El mismo jueves en La Haya, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, urgió a la CPI a que lance una investigación por presuntos abusos y torturas del gobierno venezolano.
«Deben pagar por estos delitos de lesa humanidad», dijo Ortega, que huyó de Venezuela alegando ser perseguida política.
